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CÚCUTA.- Esta es una historia que viven millares de colombianos. En ocasiones, la realidad se camufla de gran manera y la situación de las cárceles en Colombia es devastadora. La imagen del Complejo Penitenciario de Cúcuta es una prueba fehaciente. La convivencia dentro de este recinto está marcada por la corrupción, la negligencia y el olvido.
El Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, fue creado el 22 octubre de 2012, por la dirección general del Inpec. Está conformado por los extintos establecimientos EPC y RM Cúcuta. El actual director es el teniente coronel Germán Rodrigo Ricaurte Tapia. El lugar cuenta con capacidad física para albergar 2200 internos, distribuidos en 22 pabellones. La existencia real es de 4300 reclusos con hacinamiento del 95 por ciento.
Las condiciones de sobrecupo impiden brindar a los reos un proceso que garantice el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etcétera). Ante la insuficiente infraestructura carcelaria, los detenidos no pueden llevar una vida digna en la prisión. Duermen en el piso y los corredores, tienen derecho al agua una hora al día, orinan en botellas y defecan en bolsas que lanzan por las ventanas. Se automedican y los familiares son víctimas de manoseos y malos tratos en las requisas para ingresar a la penitenciaría.
La corrupción permea entre los guardianes del Inpec y a cambio de dinero permiten ingresar armas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias alucinógenas. Los uniformados que visten con un camuflado azul y negro son ‘arreglados’ con billetes y en hechos fortuitos, hacen parte de la famosa ‘ley del silencio’ que ronda en la prisión.
Lo anterior genera incidentes, como el ocurrido en junio. Dos reclusos, que presentaban distintos cargos y se encontraban en un mismo patio, protagonizaron una riña. La víctima fue César Augusto Rodríguez González, de 34 años, condenado a 4 años y 6 meses de prisión. El director del centro de reclusión Ricaurte Tapia aseguró que el arma que utilizó el agresor fue un puñal artesanal. “De esos que los internos fabrican en las celdas”. El agresor, Freddy Vega, tenía una condena por homicidio, a la que hoy se suma el asesinato de Rodríguez González.
La labor de resocialización no consiste en imponer determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que cada interno busque el camino de reinserción a la sociedad. Pero la situación hace pensar lo contrario, como en el caso de Miguel (*), próximo a cumplir la pena. “Lo que se vive en la cárcel no permite resocializarse, más bien genera resentimiento contra el Estado”.
La Corte Constitucional recalcó sobre la obligación del Estado de brindar los medios necesarios para la resocialización. Según el Código Penitenciario, los internos tienen derecho al trabajo, a la educación, al servicio de sanidad, a la comunicación con el exterior, a las visitas y a la atención social.
Todo lo anterior se convierte en una lista de derechos sin cumplir. La convivencia en este recinto está marcada por el hacinamiento. La violación de derechos humanos, la falta de atención médica y otros casos de salubridad reinan en el complejo carcelario de ‘El Salado’.
La Defensoría del Pueblo tiene dentro de sus funciones la representación jurídica de los condenados que soliciten el servicio y coadyuva ante problemas de violación de derechos en el penal. Javier Maldonado, funcionario de la Defensoría, afirmó que “cada patio tiene un representante en el Comité de Derechos Humanos. Ahí se resuelven problemas de convivencia y la Defensoría media entre la administración y los reclusos”.
El Comité se reúne cada mes y de manera extraordinaria cuando se requiere. Maldonado aseguró que en la actualidad, los mayores problemas de convivencia ocurren por ausencia de atención médica. “Conocemos un caso reciente de un brote de tuberculosis que surgió ante la falta de higiene en las colchonetas utilizadas para las visitas conyugales”.
Además, la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) dejó de prestar servicios y no hay médicos las 24 horas. Las enfermeras solo entregan calmantes y no permiten el ingreso de medicamentos que envían familiares.
“Una mujer que dio a luz y como en la historia clínica no iba la ecografía donde mostraba que acababa de tener el bebé, el médico la remitió de nuevo a la cárcel y mientras tanto el bebé quedó sin su mamá durante dos días hasta que nos pusimos al frente de la situación”. Relató un integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de los internos de la Cárcel Modelo de Cúcuta (Asofaminterccuc), quien solicitó no ser identificado por motivos de seguridad.
Lo mismo sucede con el servicio de alimentación. “Los presos no se alimentan como es debido. No reciben la cantidad y la calidad que un ser humano debe recibir como mínimo para vivir con dignidad”, dijo Graciela Espinel, asesora de prácticas del programa de Psicología de la Universidad de Pamplona.
Ante las denuncias y las tutelas de los reclusos, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, la Corte Constitucional sentenció en el primer semestre del año que si los directivos no protegen los derechos de los internos y garantizan la convivencia, la cárcel de Cúcuta podría ser cerrada.
ALEXANDRA MIUSTES y ANDRÉS CARVAJAL
Estudiantes de Comunicación Social
Universidad de Pamplona
Campus de Villa del Rosario
Foto: Especial para www.contraluzcucuta.co
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