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OCAÑA – Norte de Santander.- En el idealizado panorama de las políticas culturales de nuestros municipios, las escuelas de formación artística deberían ser epicentros de creatividad y aprendizaje, catalizadores del talento local y ventanales por los cuales asomarse a la diversidad y riqueza de nuestras tradiciones y capacidades artísticas. Sin embargo, la realidad que se despliega es, a menudo, menos poética y más prosaica, llegando incluso a rozar el cinismo burocrático.
Desde su concepción, estas escuelas prometieron ser sopletes que avivaran el fuego cultural de nuestros municipios, ofreciendo a jóvenes y adultos un acceso democratizado al aprendizaje y práctica de las diversas artes. Sin embargo, el paisaje que observamos hoy dista mucho de esa utopía inicial. Se ha tornado en un esquema donde prevalecen el desangre presupuestario y una preocupante falta de rigor y seriedad en quienes se denominan “formadores”.
Con la excepción notable de los músicos, cuya habilidad instrumental ofrece una verificación tangible de su competencia, muchos de los profesores en estas instituciones parecen más bien parte de una camada de aparecidos, cuyos méritos y fundamentos en las artes que enseñan son, cuanto menos, cuestionables.
Este fenómeno no es un mero accidente ni una casualidad. Parece ser, lamentablemente, una manifestación más de cómo la cultura, siendo la cenicienta del presupuesto, se convierte en vehículo para pagar favores políticos y, en los casos más descorazonadores, una cortina de humo para justificar manejos poco claros de fondos públicos. La misión formativa, que debería ser el corazón de estas instituciones, se ve así desplazada por intereses que nada tienen que ver con el arte o la cultura.
Para contrarrestar esta lamentable situación, es imperativo replantear el modelo de gestión de la cultura a nivel municipal. Una solución viable sería la creación del Instituto Municipal de Cultura con autonomía presupuestal. Este cambio no solo permitiría una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos, sino que también aseguraría que la asignación de recursos y la selección del personal se hagan basados en criterios de competencia y mérito, y no de afinidad política o personal.
El Instituto debería operar bajo un marco de rigurosidad académica y profesional, con procesos claros y justos para la selección de instructores, quienes deberían demostrar no solo habilidad, sino también una profunda comprensión teórica y práctica de su arte. Además, este instituto debería ser evaluado periódicamente, asegurando que su impacto cultural sea tangible y beneficioso para la comunidad.
El cambio es, sin duda, un desafío considerable, especialmente en un entorno donde los intereses políticos a menudo superan al bienestar comunitario. Sin embargo, si se pretende que la cultura desempeñe un papel verdaderamente formativo y enriquecedor en la sociedad, es indispensable que las estructuras encargadas de su fomento funcionen con la máxima integridad y eficacia. Solo así las escuelas de formación cultural podrán regresar a su misión original y convertirse en verdaderos epicentros de aprendizaje y desarrollo artístico, en lugar de ser meros símbolos de corrupción y despilfarro.
AZUCENA DELGADO RUEDA
