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CÚCUTA.- Diecisiete tutelas relacionadas con el espacio público, de las 150 interpuestas por vendedores ambulantes, fueron declaradas improcedentes por juzgados del Distrito Judicial de Cúcuta. Las acciones buscaban reivindicar derechos de los informales.
“La administración municipal respeta y acata las decisiones de los jueces de la república, al tiempo que ha propiciado espacios de socialización y de concertación respecto de la recuperación del espacio público”, dijo el alcalde Donamaris Ramírez.
Los argumentos que sustentan las peticiones de tutela se resumen, según la Oficina Jurídica de la Alcaldía, en el reconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, la dignidad y al mínimo vital.
La Alcaldía ha fundamentado las respuestas en el artículo 82 de la Constitución Política, que insta a “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.
El argumento jurídico se complementa con el artículo 63 y se ampara en el Código del Buen Cucuteño (Decreto 0381 del 12 de noviembre de 2003) y el Código Nacional de Policía.
La sustentación de cada respuesta ha retomado parte de la jurisprudencia y de fallos de la Corte Constitucional, respecto del principio de confianza legítima, que se entiende como el derecho que los informales pretenden tener sobre el espacio público.
El gobierno cucuteño ha destacado su obligación, por mandato de sentencia constitucional, de la necesidad de adoptar medidas transitorias, sin traumatismos para los particulares.
Los fallos de las acciones de tutela son individuales. Un ejemplo sobre cómo se han desvirtuado las pretensiones contra la política de recuperación del espacio público lo constituye el fallo del Juzgado Octavo Civil Municipal.
El despacho judicial advirtió que “las acciones de la administración municipal en pro de la recuperación del espacio público, han sido constantes y se han venido realizando desde hace mucho tiempo atrás, conforme a las cuales se ha podido recuperar el espacio público, no obstante que desafortunadamente por falta de solidaridad, de civismo y de cumplimiento de los deberes por parte de los ciudadanos, que persisten en la idea de la invasión de dicho espacio, este ha sido invadido de nuevo”.
El juez octavo Civil Municipal sostuvo que no existen razón ni fundamento para que se ordene a través de una acción de tutela, a la Alcaldía que cese su obligación legal de recuperar el espacio público y de garantizárselo a los ciudadanos, so pretexto de no vulnerar derechos fundamentales a quienes pretenden que se les deje desarrollar la actividad comercial en los andenes.
El agente judicial cuestionó la actitud del accionante, porque la situación permite generar caos y desorden, pues muchos pretenden que la administración municipal los deje ejercer el comercio y se manifiestan renuentes a aceptar propuestas y soluciones que se les presentan.
El fallo resaltó la propuesta del alcalde Ramírez, quien antes de adelantar los operativos se reunió con voceros de los informales para buscar soluciones y ofrecer espacios de reubicación, los cuales no han sido aceptados por los vendedores que consideran como mejor opción acudir a la tutela para que se les deje ejercer la actividad en espacios no permitidos.
“La administración municipal tiene que cumplir un perentorio mandato legal como lo es la recuperación del espacio público, para cuya garantía debe desarrollar operativos, con la consecuencia que ello implica para quienes se encuentren invadiendo dicho espacio”, indicó el juez.
