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CÚCUTA.- El hacinamiento en la Penitenciaría de Cúcuta superó el 150 por ciento, mientras que en la cárcel de Ocaña es superior al 83 por ciento y en la de Pamplona es de 27,1, considerado bajo al compararla con otros centros de reclusión del país.
Las cifras se conocieron en la instalación de la primera mesa de trabajo sobre los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de la población carcelaria en Norte de Santander. El objetivo del grupo es conocer de primera mano la información alrededor de la situación que se vive en esos lugares.
“Las cárceles colombianas se caracterizan por un hacinamiento crítico y por la falta de acceso y violación sistemática de los derechos humanos, en especial el derecho a la salud”, dijo el gobernador Edgar Díaz.
La Mesa servirá para que los ministerios de Justicia y Público, la clase política de Norte de Santander, los directores de los centros de reclusión y los gobernantes confronten la situación de los presos, y procuren que la ayuda que les puedan dar permita solucionar los problemas más sentidos de esa población.
Betty Rodríguez Castilla, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, dijo que han visitado los 147 centros carcelarios del país para recoger información que sirva para la elaboración de proyectos que serán presentados en el Congreso de la República con el fin de generar iniciativas cercanas a la realidad.
El gobernador Díaz indicó que se debe pensar en qué hacer frente al problema, cómo ser parte de la solución y de qué manera se puede ayudar en el proceso de resocialización de quienes están privados de la libertad.
La administración departamental se ha vinculado con la organización de jornadas médicas, recreativas y jurídicas en los centros penitenciarios de Norte de Santander. Entregará un bus con capacidad para 24 pasajeros para el traslado de los internos de la cárcel al Palacio de Justicia. En el vehículo se invirtieron $ 230 millones.
En el acto participaron representantes de la Procuraduría Regional, Defensoría del Pueblo, Caprecom, Personería, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Policía de Norte de Santander y Fiscalía General de la Nación.
La instalación del Observatorio de Derechos Humanos permitirá que algunos internos trabajen en beneficio de los compañeros y ayuden a las oficinas jurídicas para impedir la dilatación de las libertades y los beneficios de los reos.
