Los altos riesgos al que someten muchas entidades del sector público los dineros del Estado, por falta de experiencia o músculo financiero de contratistas, encontrarán en los próximos meses una propuesta, que a mi juicio, es seria y por supuesto técnica.
La contratación con personas fallecidas, contratistas que hacen vías en una región y contratan alimentación escolar en otra, así como droguerías que hacen parte de consorcios para construir viviendas, son algunas joyas de lo que se evidencia en la contratación en Colombia; además, de las que públicamente son más conocidas.
La analítica de datos aplicada al sector público es la propuesta que viene fortaleciendo la Contraloría General de la Nación con la plataforma ‘Océano’, con el fin de hacerle seguimiento a la contratación del país. Se trata de un ejercicio de depuración de las fuentes abiertas existentes de contratación, cruzadas con diferentes datos de los contratistas.
Si bien es cierto, existen contratistas con toda la capacidad para ejercer varias actividades, esta herramienta permitirá conocer los movimientos contractuales y evidenciar las astucias no solo de los contratistas, sino de los propios contratantes.
‘Océano’, a mi juicio, será un gran aporte estratégico para el país. Por un lado se siguen consolidando las nuevas tecnologías y la innovación a este sector, y de otro, contribuye a ejercer un mayor control.
Las entidades territoriales tienen que entrar en la dinámica de la inteligencia artificial y la analítica de datos.
Creo que la publicación cada vez de mayores datos abiertos contribuye a mejorar los ejercicios de control de estas entidades. Es tal la importancia de Océano, que algunas embajadas de otros países quieren acceder para visualizar el movimiento de sus contratistas en Colombia.
Esperamos pronto acceder a esta herramienta que si bien no acabará con la corrupción, lo que sí creo es que removerá desde el fondo de la corrupción hasta la superficie un buen grupo de contratistas avivados, así como malas prácticas corruptas y amañadas que tienen algunas entidades públicas para contratar.
ANDRÉS RAMÍREZ GALVIS
Asesor Estratégico entidades territoriales