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CÚCUTA.- Es inaceptable que los interesados en que no haya zona de reserva en El Catatumbo, por razones ideológicas o económicas, acudan a enfrentar a dos comunidades unidas por la tierra, como son los campesinos y los indígenas motilón barí.
La apreciación la hizo el expresidente Ernesto Samper, garante de los diálogos con las comunidades comprometidas en el paro del 2013, que duró 53 días y afectó la economía de la región.
Los acuerdos que permitieron superar la movilización de los labriegos estaban basados en tres puntos:
1.- Aprobación de la zona de reserva campesina. La han venido buscando los campesinos hace muchos años. No de ahora.
2.- Proceso de sustitución social de cultivos.
3.- Programa de inversión social y en vías terciarias.
“El programa se ha venido cumpliendo adecuadamente”, dijo el exgobernante en diálogo con Luces de la Ciudad, de radio San José. Se lamentó porque, en días pasados, cuando el Incoder se preparaba para aprobar la zona de reserva campesina, después de un trámite de más de dos años, el procurador Alejandro Ordóñez envió un control de advertencia.
En el documento, el jefe del Ministerio Público señaló que no se reconocieron los derechos de la comunidad barí, y que tampoco se ha esperado a que salga un fallo de la Corte Constitucional.
Samper Pizano dijo que “las dos observaciones del Procurador son improcedentes”. Explicó que existe una certificación del Ministerio del Interior que dice que en la zona que se pretende de reserva no hay presencia de comunidades étnicas.
“No se pueden condicionar las acciones del Estado a supuestas declaratorias de inconstitucionalidad de la Corte, que podrían tardar años. Esto es un procedimiento irregular”, afirmó el expresidente, y calificó la actitud de Ordoñez como “un torpedo al proceso de paz”, en una de cuyas partes está El Catatumbo.
La zona de reserva es una aspiración de los campesinos que les da la posibilidad de tener autonomía económica y administrativa. “No es, como se ha dicho, que excluya la presencia militar”. Al contrario, fueron creadas para que el Estado enfatice la presencia social en aquellas áreas de violencia adonde no llegaba el Ejército.
“La zona se justifica plenamente. No tiene sentido que en este momento la Procuraduría venga a obstaculizar un proceso que ha trascurrido normalmente sin que nadie dijera nada”, agregó Ernesto Samper. Dijo que le duele mucho que los intereses que hay detrás del hundimiento de la zona de reserva campesina utilicen el enfrentamiento entre dos comunidades pobres y necesitadas, como son los campesinos y los indígenas motilón barí, para justificar que no avance el proyecto que les sirve a todos.
“Los indígenas tienen reconocidas sus tierras. Es probable que haya un pedazo de la zona de reserva que pueda comprometer su presencia étnica, pero eso se puede arreglar por medio de la figura de la sustracción de tierras, reduciéndolas para que se adecúen a la distribución étnica de la comunidad”, concluyó el expresidente Samper la defensa al trabajo cumplido durante largas horas con los voceros de los campesinos y del Gobierno, y los demás garantes del proceso.
