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CUCUTA.- Sesenta negocios que no cumplen con las normas previstas para el uso de suelo y urbanismo están en proceso de cierre definitivo. Este hecho desató una disputa entre la administración municipal y los propietarios de billares, pooles, estancos y expendios de licor. La medida busca meter en cintura el desorden que ocasionado en esos lugares y devolverles la tranquilad a los vecinos afectados.
Las tiendas tienen permiso para vender víveres, pero no bebidas alcohólicas. Caso similar ocurre con restaurantes con licencia para el servicio de comida y funcionan como burdeles. Al tiempo se violan las normas urbanísticas por la venta de licores fuera de los establecimientos. Esto ocasiona caos, los niveles de ruido son altos, se desmejora la calidad de vida y el impacto es negativo en la salud de los que habitan en residencias aledañas.
El Decreto 0251 del 8 de abril, firmado por el alcalde Donamaris Ramírez, señala que los expendios deben cumplir con las normas referentes al uso de suelo, constituidas en el Plan de Ordenamiento Territorial; estar en óptimas condiciones sanitarias como lo exige la Secretaria de Salud Municipal, y respetar las normas de seguridad y el medio ambiente que regula el Código Nacional de Policía.
Los propietarios que infrinjan esta disposición serán sancionados de manera temporal con multas de hasta dos salarios mínimos mensuales. Si no responden a los requisitos o hacen uso diferente al señalado en la licencia expedida por la Cámara de Comercio de Cúcuta, deberán pagar multas sucesivas que oscilan entre 8 y 15 salarios mínimos diarios por metro cuadrado de intervención sobre el suelo.
CIERRE TEMPORAL DE ESTANCOS
El 13 de abril, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Cúcuta iniciaron operativos en los que comprobaron que cuatro estancos en la Avenida Los Libertadores, cuatro en la Avenida Cero y dos en Natilan (Ciudadela Juan Atalaya) no cumplían con las normas y los clausuraron temporalmente. Además, decomisaron sillas y mesas que ocupaban el espacio público.
Los procesos operativos se intensificaron al descubrir que los propietarios desacataban la disposición. El secretario de Gobierno, David Castillo, en función de alcalde (e), estableció medidas estrictas para el cierre definitivo y dio a conocer el Decreto 0399 del 25 de junio que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las afueras de los expendios y ordenó a la Policía Metropolitana decomisar el trago, las mesas y las sillas de aquellos negocios que ocupen el espacio público y perturben la tranquilidad y el sueño de los vecinos.
“Los operativos continuarán para no permitir que la ciudad se vuelva Sodoma y Gomorra. Insisto en que se cumplan las normas de los usos de suelo y el Artículo 209 del Código Nacional de Policía. No tenemos un espejo retrovisor para saber si los anteriores gobiernos hacían cumplir, en esta ocasión nosotros sí”, dijo Donamaris Ramírez.
Hay nueve negocios que funcionan en la Avenida Los Libertadores, San Eduardo, Niza, Guaimaral y la Ciudadela Juan Atalaya que están listos para cierre.
Treinta familias que viven cerca de la Avenida Los Libertadores sufren las consecuencias generadas por el consumo de licor. Debajo del puente Francisco de Paula Andrade Troconis, el ambiente es sórdido, antihigiénico y contaminado por orines.
Blanca Pérez, quien reside en el sector, dijo que el olor es más fuerte en el día por las altas temperaturas. Los vecinos duermen incómodos por el escándalo que producen los borrachos.
En esta zona funcionan instituciones educativas y centro médicos hospitalarios, detalle que corrobora la mala ubicación de los negocios.
¿QUÉ PASARÁ LUEGO?
En los últimos cuatro meses se cerraron tres expendios por infringir las normas de convivencia ciudadana. La administración municipal ha llevado a cabo funciones jurídicas que les proporcionan a las personas tranquilidad, un buen sueño y el equilibrio del orden público.
Si se logra la meta de hacer cumplir la norma no solo se clarifica la función jurídica de la administración municipal, sino que también los propietarios mantendrían una conciencia social, haciendo que los clientes y consumidores actúen con responsabilidad sin perturbar la vida de los demás, sin ocupar el espacio público y con respeto por los derechos civiles que garantizan la convivencia ciudadana.
CRISTIAN ARCINIEGAS
Estudiante de Comunicación Social
Universidad de Pamplona
Campus de Villa del Rosario
