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TIBU – Norte de Santander.- Cuatrocientas cincuentaiuna familias se tomaron, el 20 de marzo de 2014, un terreno de nueve hectáreas perteneciente al municipio. Tiempo después, el alcalde Gustavo León Becerra decidió vender el lote para impulsar un programa de vivienda popular.
Los ocupantes de hecho, 14 meses después, se niegan a salir por una sola razón “tenemos necesidad de vivienda”. Jesús Torres tomó la vocería de la comunidad, compuesta por 727 víctimas de violencia, 93 embarazadas, 63 abuelos de la tercera edad, 33 discapacitados y 150 madres cabeza de hogar
“Hemos sido maltratados, desplazados por la violencia y no tenemos dónde vivir”, dijo este hombre que reclama la oportunidad para tener una casa digna. “Llevamos 14 meses de lucha para quedarnos con el terreno”. Y están empeñados en mantenerse en esa posición.
El Alcalde vendió el terreno a Jesús Fernando López, en $ 103 millones. A los campesinos interesados en la compra no les llegó la invitación. A su vez, López pretendía venderle, en $ 1800 millones, a una constructora. “No se sabe quién es la constructora”, dijo Torres. Entre las 451 familias pudieron pagar el valor del lote.
En la campaña para la Alcaldía de Tibú, Gustavo León utilizó como lema el bien social, como prioridad. “Montó a la Alcaldía y se olvidó del pueblo tibuyano”. La exigencia de los ocupantes es que se les construyan las soluciones habitaciones en ese terreno y que comience a solucionar el problema de los servicios públicos.
El asentamiento comenzó con carpitas, hoy hay casas de material. Algunas, están levantadas artesanalmente, “no son dignas, pero las tenemos. Hay otros que tienen las bases para construir las casas. Cómo nos van a desalojar si tenemos calles”, dijo Jesús Torres, quien se opone al desalojo proyectado.
La acción judicial estaba prevista para el 30 de mayo. Este año, la comunidad y la administración municipal se han reunido tres veces para tratar el asunto del terreno. La última se dio la semana pasada, y luego de esa cita se evitó el lanzamiento de las familias.
“¿Para qué nos intimidan con el desalojo?”, preguntó Torres. La mayoría de los habitantes no están en condiciones para reaccionar ante la presencia el grupo Esmad. “Venimos desplazados por la violencia, y nos van a amedrentar”.
Una salida al conflicto generado por la ocupación del predio es la ubicación en otro sector del municipio. Los afectados no los aceptan, porque están protegidos con la restitución de tierras, tienen medidas cautelares y los servicios públicos están lejos. “No queremos aceptar esa reubicación, porque hicimos un esfuerzo para tener casa. Si quería desalojarnos ¿por qué esperó 14 meses?”.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
Foto: Especial para www.contraluzcucuta.co
