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CÚCUTA.- En la ciudad hay preocupación por la oleada de secuestros de los últimos meses. Las víctimas han sido el exalcalde de Salazar, Jesús Emilio Ayala, la niña Daniela Mora y el abogado Luis Andelfo Vega. Llama la atención, porque entre 2013 y 2015, esta actividad ilícita se ha incrementado
Hubo un tiempo en el que el secuestro casi que desapareció en Norte de Santander. Las cifras eran bajas y se reportaban, máximo, uno o dos casos al año. En el 2014, según datos oficiales, sucedieron entre 8 y 10 plagios. En lo que va trascurrido del año, se han recibido denuncias de cinco casos, lo que quiere decir que ha recobrado vida esta actividad ilícita.
Wilfredo Cañizares, director de la fundación Progresar – Cúcuta, analizó la situación. “De manera continua recibimos solicitudes de acompañamiento a casos de secuestro en distintas modalidades, ocurridos en el Área Metropolitana y en la zona de frontera con Venezuela”.
¿Cuáles son las causas de estos nuevos casos?
Tenemos una dificultad enorme, y es que en el Área Metropolitana y en la frontera opera una diversidad de grupos armados ilegales. Secuestran ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, para cobrar plata, para ajustar cuentas, para aclarar cuentas de sus negocios de narcotráfico y de pagos de deudas de terceros. Hasta hace poco, la ‘Oficina de Envigado’ cobraba plata de la mafia en la región. Secuestran las bandas de delincuencia común, tenemos entendido que hay un grupo que opera en el Área Metropolitana, dedicada al secuestro económico y a la extorsión de alto costo. Secuestra la guerrilla, en menor número, pero hay cifras oficiales de casos. Toda esa mezcla de los grupos armados ilegales hace que hoy la región esté en alto riesgo de que el fenómeno crezca, porque los grupos ilegales cada día pareciera que extendieran los tentáculos de operación.
Estos son casos de secuestro normal, pero hay otra modalidad y es el secuestro exprés. ¿Qué se sabe de esto en la Fundación?
Esta es una modalidad aplicada por las bandas criminales de ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ y bandas de delincuencia común. La víctima es capturada y en máximo tres o cuatro días resuelven el monto del valor del secuestro. De tres casos que hemos recibido, dos han ocurrido en Venezuela. La persona es secuestrada en Cúcuta o el Área Metropolitana y trasladada a territorio venezolano. A plena luz del día y en vehículos con hombres armados cruzan la frontera. Desde Venezuela se llama y se negocia con los familiares el monto por la liberación. También, hemos encontrado la modalidad de bandas criminales para presionar pagos de deudas y traslados de propiedades producto de negocios ilícitos.
Si lo conocen ustedes en la Fundación ¿por qué la Policía no lo sabe?
Generalmente, este tipo de actuaciones aberrantes afectan a la familia y a la víctima. Los familiares cuentan que cuando están en la negociación son maltratados, reciben llamadas con vulgaridades, les dice que les van a devolver el cuerpo descuartizado, que les van a mandar una mano o una oreja del secuestrado. Hay un poder de amedrentamiento fuerte por parte de los grupos. En segundo lugar, hay casos que tienen que ver con negocios ilícitos. El trasfondo del secuestro exprés son los negocios ilícitos, lo que lleva a que el afectado no denuncie, porque quedaría al descubierto. Un tercer elemento, es que cuando resuelven el secuestro deciden no denunciar, porque resolvieron el caso, y queda el temor de que ocurra algo en el futuro si denuncian.
A los cucuteños les gustó que se hubiera liberado a la niña Daniela, pero sigue el dolor por los casos del exalcalde Ayala y del abogado Vega. Esto lleva a preguntar ¿hay secuestrados de primera y de segunda?
Tenemos claro que en la condición nuestra de defensores de derechos humanos rechazamos de manera contundente esta práctica del secuestro en cualquiera de sus modalidades. Llamamos la atención de las autoridades judiciales, porque no puede haber ciudadanos de primera y de segunda frente al actuar de la justicia. La justicia debe ser igual para todos. No es necesario que sea amigo del Gobierno o pertenezca al Gobierno o sea de un partido político o de una elite económica o social para que la justicia actúe con rapidez. Los colombianos tenemos derecho a que haya una pronta y eficaz justicia. Lo que queda en evidencia es que en 15 años que tenemos denunciando sobre amenazas contra defensores de derechos humanos, la Fiscalía no ha esclarecido el primer caso. No puede haber un tratamiento diferenciado en la aplicación de justicia. El peor error que puede cometer el Estado es que aplique una justicia dependiendo de quién sea la víctima.
¿En la Fundación saben algo especial del secuestro de Jesús Emilio Ayala?
Lo que sabemos es que pareciera que hubiera una relación en los últimos tres secuestros. Parece que es una banda común que opera en El Zulia, Cúcuta, San Cayetano y Salazar. Hay algunos móviles que nos llevan a pensar que es el mismo grupo ilegal que secuestró al exalcalde Ayala, a la niña Daniela y al abogado Vega. Esperamos que las investigaciones no solo esclarezcan el secuestro de Daniela, sino el de todos los secuestrados que siguen en cautiverio.
¿La delincuencia común secuestra para vender a las víctimas a la guerrilla?
Es una práctica que las autoridades han denunciado. No tenemos conocimiento de eso, es posible. Nos cuesta trabajo pensar en que ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’ y delincuentes tengan alianzas con la guerrilla. La delincuencia común que opera en el Área Metropolitana es degradada y aberrante. Es posible que ocurra, pero en nuestra oficina no tenemos el primer reporte. Tenemos contacto con los afectados y con las víctimas, y el conocimiento y la información de lo ocurrido no llegan hasta allá. Saben lo que sucedió a su alrededor, pero más allá es difícil. No teneos ningún caso en el que haya sido secuestrado por la delincuencia o bandas criminales y hayan terminado en manos de la guerrilla.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
Foto: areacucuta.com
