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CÚCUTA.- El cuerpo jurídico del Partido Verde, que conforma la defensa
de Donamaris Ramírez en el proceso administrativo que pretende anular
la elección como Alcalde de Cúcuta, presentó los alegatos de conclusión al
magistrado ponente del caso.
En el documento se revelan detalles que dejarían sin piso las afirmaciones
de la parte demandante, al demostrarse que Carlos Eduardo Ramírez
Quintana habría obrado bajo una estrategia política en la que como
funcionario buscaría beneficios para un contrincante de un partido
diferente al que representó Ramírez, y no como se pretende dejar ver en
la declaración rendida.
Declaraciones extra procesales y las ratificadas por los testigos aportadas
a favor de la defensa permiten conocer el sentimiento de animadversión
de Carlos Eduardo Ramírez hacia su hermano Donamaris. Los testimonios
coinciden en que Ramírez Quintana en ningún momento ha manifestado
la mínima intensión de ser amigo o simpatizante del Alcalde.
Fotografías demuestran afinidad de Ramírez Quintana con el partido
político que lidera el senador Carlos Barriga. En la pasada contienda
electoral asistió a actividades en favor de otro candidato a la Alcaldía, a
pesar de ser funcionario.
El grupo demandante pretende demostrar la relación de cordialidad
y amabilidad entre dos hermanos, uno en un cargo público y el otro
candidato a cargo de elección electoral. El objetivo es encausar la
inhabilidad al confirmar la norma y cuya inaplicación se solicita.
En los aportes de los alegatos del Partido Verde se demuestra que la
demanda debe declararse nula. Los documentos allegados al proceso y
que pretenden ser tenidos en cuenta como material probatorio de los
demandantes, no llenaron el mínimo de las exigencias de ley.
Contienen datos no concordantes con lo que se pretende demostrar
la inhabilidad y fueron allegados de manera espontánea, violando los
protocolos que para este caso se exigen al ser considerado el electoral un
proceso especial, por tratarse de una elección que goza de legalidad y que
afectaría los designios de un territorio.
Los alegatos de conclusión defienden y buscan la vulneración de los
principios constitucionales relativos al carácter participativo del modelo
de democracia adoptado en la Constitución de 1991. Las pretensiones de
la demanda no podrían llegar a feliz término, porque atentarían contra
derechos fundamentales como el de participar en la conformación del
poder político, consagrado en el artículo 40 de la Carta Magna.
