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Válida la indignación popular por la violencia policial. La Fuerza Pública debe guiarse por su obligación constitucional de respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Atacar población indefensa es un grave crimen que evidencia la crisis de valores dentro de la institución.
Lo ocurrido al abogado Javier Ordóñez es un procedimiento indignante y condenable, detonó la ira popular por lo recurrentes que son estos hechos. Más ira siente la ciudadanía cuando se justifica la criminalidad policial y se trata de vándalos a las víctimas.
Las protestas por la muerte de Javier Ordoñez se enfilaron contra estaciones de policía y la reacción provocó nuevos crímenes. La policía utilizó sus armas de dotación contra población indefensa y esta irracionalidad en una democracia moderna es inconcebible. Solo pasa sin pena ni gloria en una república bananera como la nuestra.
La policía viene de la doctrina goda que inspiraba las masacres a liberales y comunistas, y luego pasó a recibir el cuerpo de doctrina gringa de seguridad nacional y enemigo interno que la envenenó y la descompuso mucho más. Por esa causa, la institución resultó implicada con las mafias, el paramilitarismo, la corrupción y la comisión de delitos atroces. Archivaron la Constitución Política y se dedicaron a delinquir para defender intereses de nefandos grupos de poder político y económico. El mal ejemplo viene desde la Casa de Nariño, donde se han confabulado para delinquir en asuntos claves de la política en Colombia.
Respeto mucho la decisión que tome la ciudadanía para reflejar la justa indignación frente a la arbitrariedad de la Fuerza Pública; empero, considero que apelar a la movilización pacífica podría generar mejores resultados y menos probabilidad que justifiquen la arbitrariedad policial.
La movilización debe ser contundente y tener un horizonte claro respecto al problema. Hay que exigir reformas de fondo a la doctrina militar y policial y cambios organizativos que respondan al imperativo de humanizar las instituciones policiales y militares.
Precisamente, por estos problemas intentamos que de la negociación de paz de La Habana saliera una idea visionaria de doctrina militar y policial. Se hizo imposible, porque la implementación de políticas neoliberales va de la mano con la violencia contra la protesta social, que es un efecto natural del desastre económico, social y ambiental que genera el neoliberalismo.
Planteadas la situación de esta manera, a quien hay que pedirle cuentas por este estado de cosas inconstitucionales es a un sistema dominante que se resiste al cambio de paradigma. Hay que pedirles cuentas al presidente Duque, al Ministro de Defensa, a la cúpula policial y militar. Son ellos quienes tienen responsabilidades de dar protección a la ciudadanía.
La protesta debe exigir reformas en el Congreso a la doctrina militar de Estado, dándole contenidos éticos y humanistas que respondan al contexto de búsquedas civilizadas al conflicto social y armado para la construcción de una paz estable y duradera.
RUBÉN ZAMORA
