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El paro agrario nacional, anunciado con suficiente antelación, es simplemente el acumulo de una serie de carencias, sucedidas durante mucho tiempo, de las cuales se les ha advertido a los gobiernos de turno que, demagógica y politiqueramente, han ido período tras período desgastando por medio de la desprotección al sector agropecuario, motor del fundamento primario de la economía y responsable de la seguridad alimentaria colombiana.
Mucha tinta ha corrido, durante más de 20 años, alertando, promoviendo, justificando y demostrando al Gobierno lo que hoy se está evidenciando como una verdadera crisis socioeconómica de incalculables consecuencias, que puede arrastrar al país a cambios estructurales políticos, comunes en los últimos tiempos en América Latina, y sucedidos gracias a desatinos de las clases dominantes políticas en el manejo de lo público, con ingredientes de improvisación, mediocridad y corrupción, que generalmente han originado violencia y delincuencia, génesis de todas nuestras desventuras.
Históricamente, siempre, los cambios sociales y políticos en el mundo se han originado en el medio rural, teniendo al campesino como actor, para iniciar el revolcón. Luego, se suman otros sectores urbanos como sindicalistas, trasportadores, estudiantes, hasta vincular todo un conglomerado de inconformes o indignados, como se llaman hoy, contra el establecimiento.
Lo anterior, parecieran ignorarlo o desestimarlo el Gobierno y la clase política, demostrando un autocratismo inmoderado, en contraposición con lo que se predica y pregona a los cuatro vientos, con un discurso altamente demagógico, que nadie cree.
No se puede entender al presidente Juan Manuel Santos desconociendo y minimizando el paro agrario, aduciendo que sólo se trata de un grupo insignificante y sin representatividad, en contraposición de lo argumentado por el gremialismo agropecuario directamente en la Casa de Nariño, cuando de urgencia fue convocado para buscar soluciones inmediatistas a última hora.
Por estas circunstancias, es que no hemos estado de acuerdo con programas netamente asistencialistas para nuestro campesino, hombre sencillo acostumbrado a ganarse la vida produciendo en forma digna y honesta, quien espera y exige una política agropecuaria razonable, donde encuentre condiciones de desarrollo integrales, para desempeñarse como verdadero empresario en el contexto económico moderno; nunca mendingando limosna, que lo ubiquen como pordiosero. Ejemplos de estos hay muchos, de los cuales no ha quedado nada. Recordemos los programas Guardabosques y Resa, en el gobierno pasado.
Esta situación, a la que se le ha dado la connotación de crisis, debe ser asimilada por la dirigencia nacional para demostrarle al país un reconocimiento, el derecho de opinión, promoviendo un aterrizado Plan de Desarrollo Rural, que contenga ingredientes sociales, con un rostro verdaderamente humano y que provenga de una legislación de alcances íntegros, en los que se vincule todo un componente investigativo, técnico, infraestructural, educativo, comercial, crediticio, ambiental y empresarial, con alcances nacionales e internacionales, públicos y privados. Por tanto, tienen la palabra los sectores oficiales Ejecutivo y Legislativo, para convertir este escollo en una fortaleza. Esta sí sería una forma ocasionalmente indicada para pagar la deuda acumulada al campesinado colombiano.
Ahora, que para apaciguar la situación el Gobierno está convocando un acuerdo agropecuario, sería bueno encomendar a quienes tengan la oportunidad de esta diligencia, lo siguiente:
Uno: El precio de la gasolina en Colombia debe congelarse en $ 5,0 por galón, teniendo en cuenta que es el móvil de toda la escalada de precios e insumos nacionalmente.
Dos: Los bienes incautados al narcotráfico deben constituirse en fondo especial para financiar al sector rural, la salud, la educación y la infraestructura, por haber sido el más afectado en cuanto al deterioro del medio ambiente, la violencia, el desarraigo, entre otros.
Tres: El Impuesto del cuatro por mil, generador de recursos para beneficiar a otros sectores económicos como el financiero, por varios años, es hora de asignárselo al sector agropecuario, por lo menos durante un quinquenio.
CIRO A. RAMÍREZ DÁVILA
