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CÚCUTA.- Las 250 tutelas interpuestas por los vendedores ambulantes
de Cúcuta para impedir la vulneración del derecho al trabajo no surtieron
efecto y los jueces terminaron por darle la razón a la Alcaldía para que
continúe con los programas de recuperación del espacio público.
En septiembre, los abogados de nómina de la administración y otros
contratados para defender las acciones del alcalde Donamaris Ramírez,
estuvieron ocupados en la defensa del gobierno local. Los vendedores
informales buscaban reivindicar el mínimo vital, presuntamente
vulnerado.
El alcalde Ramírez destacó el valor de la tutela como medio constitucional
para ejercer la protesta. Resaltó que las 250 acciones favorecieron a
la administración municipal para recuperar el espacio público y hacer
respetar la ley.
Las quejas las admitieron los juzgados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 penales
municipales con función de garantías; civiles municipales 2, 3, 4, 6, 7, 8 y
9º; el 6 Civil del Circuito y 2 Penal del Circuito para Adolescentes.
Según la Alcaldía, no se ha violentado el derecho al trabajo ni la política
administrativa es agravar la situación de los informales. La obligación
constitucional es implementar medios correctivos para garantizar un
espacio público adecuado, sin violentar los derechos de los ciudadanos.
La administración municipal propuso fórmulas para que los vendedores
ejerzan la actividad de manera ordenada en los centros comerciales Oití y
Las Mercedes, el Parque Lineal y La Nueva Sexta.
Los jueces declararon las tutelas improcedentes, teniendo en cuenta que
la Constitución Política ha impuesto al Estado el deber de velar por la
integridad y la destinación al uso común del espacio público, pues es un
bien que no puede venderse, embargarse ni ocuparse.
Reconocieron que la Alcaldía de Cúcuta, en su interés por la recuperación
del espacio público, ha procurado armonizar los intereses y los derechos
de los vendedores informales.
