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Colombia está dando pasos seguros en una serie de decisiones colectivas que lo posicionan como nación progresista y acorde con los imperativos actuales de una sociedad incluyente. El hecho de haber establecido el derecho de morir dignamente, sentencia T-970/14, la donación de órganos que faculta de manera directa acceder a una operación para salvar la vida de una persona con un órgano de alguien fallecido, sin la férrea negación de los familiares, la legalización de la marihuana para fines médicos y el matrimonio civil entre parejas homosexuales, con validez desde el 28 de abril de 2016, demuestran la madurez mental y abierta que ha adquirido el país.
En este último aspecto de las uniones entre miembros del mismo sexo, todavía se observa escozor en las mentalidades sicorrígidas o conservadoras que manifiestan inconformidad por este acto contra ‘natura’, como lo describen. La reciente polémica desatada en el Congreso, donde el referendo liderado por Viviane Morales en contra de la adopción mono y homoparental fue rechazado en la Comisión Primera de la Cámara y archivado, es una clara demostración de la política de igualdad que debe tener una democracia.
Lo anterior no significa que la congresista y su esposo cristiano Carlos Alonso Lucio desfallezcan ante la iniciativa. Citaron para un plantón la próxima semana y esperan contar con la presencia de los más de dos millones de ciudadanos que firmaron la petición. Es una estrategia que esgrimirán como último salvavidas en este proyecto.
El proyecto, considerado anticonstitucional, y personalmente fuera de época, lleno de prejuicios y discriminación hacia la comunidad LGBTI (Lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales) y hacia solteros, viudos y separados que deseaban ofrecer un hogar a un niño.
Amparados bajo los preceptos de la fe católica, los argumentos se fijan en la concepción cristiana de la figura paternal y maternal que constituye la familia nuclear, dejando tajantemente por fuera cualquier otra opción.
Hay un detalle importante que olvida la senadora Morales, la Constitución expresa bien la condición laica y por lo tanto, aunque un gran porcentaje de colombianos profesen la fe católica, las decisiones de ley no deben determinarse por estas creencias.
Aducen, tanto la senadora como el ilustrísimo esposo, que una reglamentación de adopción monoparental y homoparental conduce a la pérdida de valores morales y a la imitación de patrones. Olvidan que las estadísticas muestran una desintegración familiar y que la mayoría de familias en Colombia, 51 por ciento, no son nucleares sino que son familias extendidas, en las que un separado luego se une a otro separado y lleva hijos, familias compuestas en las que abuelos, tíos, primos y perros conviven en una integración maravillosa, de familias de una sola madre o padre que se encarga de sus pequeños, de padres separados que siguen con el vínculo visceral por siempre para el bien de los hijos, de parejas homosexuales que ofrecen bienestar y amor fraternal a los pequeños, sean biológicos o no.
Más allá de consideraciones medievales, deben primar el amor y la fraternidad. A un lado de estas reflexiones, se debe analizar el costo económico que representa el referendo. Se ha estimado que tendría un valor de $ 280.000 millones. Señores senadores, dejen de malgastar los bienes de la nación, por algo se dice coloquialmente que ‘lo que no cuesta, hagámoslo fiesta’. ¿Podemos imaginar a lo que pudiera contribuir ese dinero para solventar las necesidades del país?
Adopción gay, dos palabras que despiertan controversia, pero que dentro de una relación en la que se mantenga el respeto por la individualidad y por la orientación sexual de los niños, que lógico deben recibir la información correcta, no debe conducir a una catástrofe según estos dos personajes.
ISBELIA GAMBOA FAJARDO
