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CÚCUTA.- La Corte Internacional de La Haya dio por concluida, semanas atrás, la reclamación de Nicaragua sobre miles de kilómetros que consideró suyos por la cercanía con tierra firme. El órgano jurisdiccional decidió darle la razón al gobierno de Daniel Ortega, mientras en Colombia los responsables de defender la soberanía comenzaron a rasgarse las vestiduras.
El abogado cucuteño Omar García, conocedor de la parte histórica del proceso, estimó que “El fallo fue legal con Nicaragua y justo con Colombia” y explica por qué piensa de esa manera.
¿Cuál es el razonamiento que usted hace sobre la determinación tomada en La Haya?
La decisión que se tomó tiene una fuerza vinculante de proporciones de las Naciones Unidas. La Haya es el máximo órgano jurisdiccional que resuelve los problemas del mundo. Ir en contra del fallo es grave para el Estado colombiano, porque es el primero en Latinoamérica encargado de la constitución de órganos multilaterales. Somos fundadores de la ONU y de la OEA. Nuestro Estado se ha caracterizado por ser netamente diplomático. Ir en contra es equipararnos con Israel, Corea del Norte, Irán, Sudáfrica y repúblicas africanas. No podemos desacatar la orden, hay que cumplirla. El pedir revisiones son pataletas de ahogados.
Además de perder la parte física ¿qué más se puede perder con el fallo?
El tema no debió someterse a la Corte Internacional, porque era fácil de decidir. Había un pacto entre las partes, independiente de cómo se haya manejado históricamente, si Nicaragua estaba invadida por Estados Unidos o si no estaba invadida. El Estado colombiano lo único que tenía que manifestarle a la Corte era que no sometía el asunto de Nicaragua a la decisión de ellos. El Estado colombiano siempre ha sido de aquellos que resuelven los conflictos a partir de los órganos multilaterales y llevó la discusión a La Haya. De ahí proviene el problema real y hay una decisión que estamos obligados a cumplir. El Estado colombiano es más estructurado en asuntos de leyes y de abogados, que en los políticos. Aquí faltaron decisiones políticas.
¿Cuál es el recorrido histórico de la demanda?
La demanda se interpuso en agosto del 2001, pasaron tres presidentes y ninguno tomó la decisión de retirarse. Todos estuvieron de acuerdo en continuar a que terminara el fallo. El gobierno nicaragüense tomó la determinación de llevar el caso ante la Corte Internacional para dirimir el conflicto.
En el primer periodo de Álvaro Uribe se llevaron unas excepciones, en el segundo mandato (2007) se tomó una decisión preliminar y se presentaron alegatos de conclusión sobre las pruebas. Al gobierno de Juan Manuel Santos le correspondió llevar a cabo el cumplimiento del fallo, que es la audiencia final y que termina con la decisión general.
En el gobierno de Uribe, la Corte dijo que no había discusión sobre qué país ejercía dominio territorial y sobre los islotes, nunca se dijo que la discusión estaba planteada sobre la plataforma marítima. Ahora, el mapa muestra a unos islotes dentro de una plataforma de propiedad de otro Estado, y los límites de la plataforma continental marítima de Nicaragua casi quedan sobre las orillas de San Andrés.
¿Qué habría que hacer para defender a San Andrés?
Tenemos que hacer, por todos los medios, que entre Nicaragua y Colombia, por las vías diplomáticas, se dé un acuerdo económico para que la gente de San Andrés no se sienta golpeada. De lo contrario, habrá un desplazamiento forzado de sanandresanos al litoral colombiano por razones económicas para el sustento básico.
¿Las reclamaciones de Nicaragua tienen solo visos territoriales o hay otros asuntos que las impulsan?
El concepto de la plataforma marítima, como se manejó siempre, que eran 12 millas más 200 millas cuando el mar era amplio, se marcó con el ánimo de usufructuar la subplataforma para explorar minerales. La discusión surgió en el momento que el gobierno colombiano pretende explotar petróleo en la zona. Nicaragua formalizó la reclamación y, según los gobiernos de izquierda, para proteger la fauna y la flora. Detrás lo que hay es un interés económico para la explotación de petróleo en la zona.
En el fallo ¿la Corte fue legal con Nicaragua y justa con Colombia?
Si vamos a aplicar la norma como debería ser bajo una interpretación histórica y bajo unos parámetros, el pacto de 1928 firmado entre Colombia y Nicaragua no era totalmente legal, porque la capacidad (de decisión) de Nicaragua estaba viciada por coerción, porque estaba invadida por Estados Unidos. A partir de ese momento empezó a hablarse de la discusión de cómo son las fronteras. Colombia era propietaria de San Andrés, porque tenía a Panamá. Al perder a Panamá había que recomponer la estructura marítima y Nicaragua debía quedarse con el archipiélago. Eso, jurídicamente, hubiera sido lo ideal. Entonces, en este último fallo, la legalidad estuvo de lado de Nicaragua. Y por qué la Corte fue justa con Colombia, porque tiene una posesión histórica sobre San Andrés y le dejó la tierra.
¿En derecho, quedaron mal parados los defensores de Colombia ante la Corte?
No. No quedaron mal. Lo que ocurre es que en Colombia siempre ha habido una discusión sobre el manejo de la política pública. Existe la política pública de la perspectiva del político innato, y la otra forma de política se ha manejado por las leyes. Hay un sector que administra el Estado, que es riguroso, se basa en el imperio de la ley y de los tratados y piensa como abogados y son torpes en el ejercicio de la política. Y otros piensan como políticos, no les importa la ley. El Estado colombiano tiene tradición de no evadir discusiones jurídicas, porque nos consideramos buenos jurídicamente. Fuimos a un tribunal y se dio la razón jurídica.
¿Quién perdió?
El político que tomó la decisión de ir a la discusión y los abogados que lo aconsejaron ir a ese proceso. En ese momento el país estaba dedicado a una discusión interna. Tenemos dos países, el de los políticos y el de los abogados. Aquí el que fracasó fue el Estado colombiano representado en magistrados, congresistas, ciudadanos y presidentes que vivieron el proceso.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
