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El desplome de la imagen, según la última encuesta de Gallup, fue de 27 puntos, llegando hasta el 21 % la opinión favorable del presidente Santos. Esto les cayó como un ‘baldado de agua fría’ al primer mandatario y a su equipo de Gobierno, quienes en los momentos posteriores no atinaban a entender qué pasaba.
Después de trascurrido este amargo rato de sorpresa y cuando se disiparon las confusiones, quedó claro que el mal manejo político que se le había dado a la protesta campesina era, sin duda, la causa fundamental del tsunami político que ponía en grave riesgo la reelección.
Sin embargo, guiado por su olfato político el presidente Santos precipitó las condiciones que lo llevaron, aun en medio del paro campesino, a generar una crisis ministerial que espera lo ayude a remontar en la opinión, a escasos 77 días que tiene para tomar la decisión de la reelección.
Este sería, entonces, el primer reto, ver si con el nombramiento de ministros con tendencia social, como es el caso de Alfonso Gómez Méndez, en Justicia, y Amílkar Acosta, en Minas y Energía, logra superar el golpe que le ha infringido a su imagen la opinión nacional. El segundo reto sería, muy unido al primero, el de impulsar un enérgico y urgente cambio en la política económica y agrícola de la nación.
El Presidente debe reconocer que ha sido el Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado con Estados Unidos, y otros factores adversos los causantes primordiales de la pobreza y la desazón en los amplios sectores campesinos. Ha sido tan devastador este Tratado de Libre Comercio (TLC) para la economía colombiana y, por ende, para los sectores campesinos que logró hacer que las importaciones agrícolas de Colombia, es decir los productos agrícolas que traemos los colombianos del exterior, aumentaran en la bicoca de más del 70 %. Esto es ruinoso para una economía agrícola, con tantos y tan graves desajustes, como la colombiana.
El Presidente debe asumir el reto de una vez por todas de dar por terminado el TLC, apoyándose en el Artículo 23.4 del Tratado de Libre Comercio que firmó el gobierno de Álvaro Uribe con Estados Unidos y que dice: “Cualquier parte podrá poner término a este acuerdo comercial por notificación escrita de una de las partes a la otra”.
Este hecho empoderaría, como ninguno otro, al Presidente frente a la opinión nacional e internacional. Le permitiría a la nación rescatar la golpeada soberanía. Ayudaría a los campesinos a ganar, nuevamente, los mercados nacionales que perdieron frente a una voraz burguesía financiera y comercial que sin reato de conciencia, compra barato excedentes agrícolas en bolsa internacional y los vende bien costosos, encareciendo la menguada canasta familiar de los colombianos.
Con sobrada razón, el juicioso analista de la política agraria y profesor universitario Darío Fajardo manifestó que más del 50 % de nuestra comida es importada. Por esta razón, la bandeja paisa no es tan paisa como creíamos algunos y el sancocho costeño no es tan costeño como pensaban otros.
El Presidente debe entender que solo una decisión profunda, honesta y defensora de los intereses más genuinos de la nación será la que podría, nuevamente, ponerlo en la próxima encuesta en un lugar de reconocimiento de la opinión nacional.
El último reto tiene que ver con sacar adelante los diálogos de La Habana entre los delegados del Presidente y representantes de las Farc. Estos diálogos deben terminar, más temprano que tarde, con la firma de un Acuerdo de Paz que les permita a los guerrilleros acogerse a nuevas decisiones jurídicas para hacer política amplia y suficiente en el país, con francas y decididas aspiraciones electorales. Además, contar con medidas de seguridad personal para que nadie vaya a atentar contra sus vidas. A contrapartida, el Gobierno debe recibir el silencio definitivo de sus fusiles y la cesación de la lucha armada que es el mayor logro a que puede aspirar un mandatario al fin de su periodo: la paz entre todos los colombianos.
ALONSO OJEDA AWAD
Exembajador de Colombia
