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El constituyente primario, que sencillamente es el pueblo, período tras período es invitado, comprado o engañado para que con su voto un grupo adquieran la condición de honorables señores, quienes a nombre de la ciudadanía colombiana tienen la importante facultad para producir, reformar, abolir y sustentar leyes en el Congreso Nacional, con las cuales se gobierna nuestro Estado Democrático.
No se comprende, concibe, admite, ni mucho menos acepta de voceros que pregonan ser los verdaderos defensores de la comunidad cuando se trata de defenderle sus derechos, se aíslen, escondan, eludan o se declaren impedidos e inhabilitados para legislar a favor de la totalidad de colombianos, como sucede con la revisión de la salud. Ese derecho fundamental que cobija absolutamente a todos y con lo cual no se beneficia el Gobierno, ni al Presidente de la República, ni mucho menos a algún partido político en especial, sólo y absolutamente es al pueblo colombiano, sin distingo de clases y estratos, porque en una u otra forma todos estamos vinculados a ese abominable régimen, que nos impone la nefasta Ley 100.
Se presume que al buscar atajos, justificaciones, excusas y demás esguinces que los honorables padres de la patria presentan como mampara para eludir y encarar su responsabilidad con la salud colombiana, no es otro que simples y llanos intereses de orden económico, porque supuestamente pertenecen a toda una red existente, organizada para esquilmar presupuestos públicos, asignados en beneficio de la salubridad en general, que independientemente su legalidad, no es ética. Esta sería la única forma de explicar ese comportamiento sinuoso que ha traído toda una andanada de críticas y comentarios entre la ciudadanía y en los medios de comunicación.
Entendemos que debe existir un reglamento interno para la operatividad y el funcionamiento en el Congreso, el cual, seguramente, es el soporte para justificar un sinnúmero de inhabilidades, reales o prefabricadas. Sería bueno, ahora que tenemos Presidente y Vicepresidente en el máximo organismo, entraran sin miramiento a revisar ese reglamento, seguramente, añoso y desueto, en el que sea obligatorio votar responsablemente todo Proyecto de Ley. Quien por asuntos éticos, legales, administrativos o de cualquier índole, tuviera algún impedimento, votaría en blanco, pero necesariamente se expresaría.
Por todo lo anterior, generalmente, se cree que toda la parafernalia en torno a la revisión a la ley de la salud es simplemente una mascarada. Recordemos que los indignados cada día son más y exigen también más trasparencia.
CIRO A. RAMÍREZ DÁVILA
