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CÚCUTA.- Una de las alternativas para contrarrestar la inconformidad agropecuaria que el Gobierno ha desempolvado, seguramente, de los archivos del Ministerio de Agricultura, es el estudio prospectivo de la Misión Rural, elaborado con mucho juicio y atino durante el mandato del presidente Ernesto Samper, como respuesta en el Salto Social, a los problemas previstos por la Apertura Económica, que anticipaba desde ese entonces cambios negativos estructurales, reflejados en los desajustes socioeconómicos vividos hoy en el sector.
La Misión Rural ha sido un proceso académico en el que han soportado la economía agraria hace más de 30 años algunos países latinoamericanos, con resultados altamente significativos. En concreto, es un Plan Prospectivo, tendiente a desarrollar una visión a largo plazo para el sector rural. Por tanto, parte de un diagnóstico hecho a los aspectos que ofrecen vulnerabilidad en la ruralidad colombiana.
La determinación para emprender este ejercicio, partió de la necesidad, de buscarle una salida estratégica, con qué responder al malestar demostrado por toda la dirigencia agropecuaria, ante el gobierno nacional, cuando apenas se avizoraba la gran crisis del sector agropecuario, en el país.
Esto conllevó al Gobierno a conformar un Consejo de Dirección, compuesto por el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Agricultura, Sociedad de Agricultores de Colombia, Federación Nacional de Ganaderos, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Confederación Nacional Campesina y ANDI, con la asesoría internacional del IICA.
Este órgano de dirección hizo una convocatoria abierta nacional a organizaciones campesinas, gremios agropecuarios, sindicatos agrícolas, académicos, funcionarios de las instituciones del agro, que se integraron en mesas de discusión para elaborar el diagnóstico sectorial y construir una propuesta al Gobierno.
Se definió una metodología participativa, teniendo en cuenta temas tan importantes como cuantificar un balance económico del sector agropecuario; contrarrestar la pobreza rural; establecer las bases para el desarrollo equitativo del campesino; imprimirle sostenibilidad al medio ambiente; analizar la calidad de la educación rural; evaluar el poder y la crisis de las instituciones agropecuarias. Propuestas para la convivencia ciudadana. Para cada tema se responsabilizó a un grupo de académicos de reconocida solvencia intelectual.
Este ejercicio prospectivo partió del estudio regional, en el que se efectuaron mesas de trabajo departamentales, encuentros regionales, reuniones nacionales y un foro permanente. Como se puede apreciar, en la Misión Rural quedó contemplada la problemática del campo colombiano. Sin embargo, ese arduo, extenso y consciente trabajo fue inexplicablemente archivado en el período del presidente Andrés Pastrana, quien no quería saber nada del gobierno de Samper, impidiendo desde aquella época enderezar y encausar políticas inadecuadas que han postrado al sector rural colombiano a una de las más grandes crisis socioeconómicas.
De ese trabajo quedaron siete agendas, las cuales tienen toda la vigencia necesaria para encarar los problemas existentes con voluntad política, claro está. Ahí se reflejan todas y cada una de las situaciones que hoy se reclaman y se exigen. Solo se espera que la Misión, de la que habla el Gobierno, no sea un distractor más, sino que, por el contrario, utilice esas herramientas existentes y proceda a la dinamización.
Las agendas existentes a manera de documentos son: Economía campesina; Pobreza rural; Institucionalidad agraria; Educación rural; Ciencia y tecnología; Sostenibilidad y convivencia; Dinamización productiva. A manera de menú, genéricamente, está todo un paquete para conseguirle soluciones al campo integralmente.
CIRO A. RAMÍREZ
