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CÚCUTA.- Uno de los oficios que mayores problemas puede representar para quienes lo ejercen es la defensoría de los derechos humanos. Además, hasta puede resultar desagradecido. Los beneficiados reclaman porque no se les cumplen los deseos en el tiempo que quisiera. Los de la otra orilla, la ilegal, alertan de retaliaciones por el trabajo ejercido a favor de quienes han sufrido por su culpa.
Las amenazas y las humillaciones venidas de ese lado oscuro tienen a Luis Alberto al borde de la renuncia de la suplencia en la Mesa Nacional de Víctimas y a la coordinación de la Mesa Municipal. Un hombre que ha sufrido los rigores de la guerra y que ha tomado el camino de la paz para ayudar a sus semejantes no entiende por qué la vida le da duro y le hace los días insufribles.
Es víctima desde 1971. Ha sido desplazado, desarraigado, perseguido, ultrajado y ahora cree que es duro que le ocurra esto. El conflicto le arrebató a varios seres queridos y no quiere correr con esa suerte. El trabajo que cumple lo hace por aquellos hombres y mujeres golpeados por la guerra que desangra al país.
El chaleco azul, oficial de la Mesa de Participación, le da cierta protección, aunque no la seguridad que desearía tener. En los actos que asiste da el testimonio que le compete y habla con seguridad. Es una manera de desahogo para contar la procesión que lleva por dentro. El último relato personal lo hizo delante de las autoridades organizadoras de la Semana de Reconocimiento y Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado.
Contó que ese día, en la mañana, despertó con el pensamiento puesto en la responsabilidad que le dan la suplencia en la Mesa Nacional de Víctimas y la coordinación de la Mesa Municipal. Y dijo que la intención inicial es abandonar esos cargos para ganar, quizás, en tranquilidad familiar. Esas ideas se las trasmitió a la esposa y luego las narró en uno de los salones de la biblioteca ‘Julio Pérez Ferrero’.
Desde niño, Luis Alberto ha soportado los avatares del conflicto. Ahora que defiende a las víctimas, medita a cerca de dejar esta lucha. Ha recibido volantes con mensajes intimidatorios y el temor crece al mirar a la esposa, los hijos y los nietos, a quienes no quiere ver involucrados en este problema.
La preocupación se nota cuando habla del asesinato de sus compañeros de oficio. El conflicto ha cobrado la vida a 426 defensores de derechos humanos, y 26 han desaparecido. En el 2016, en el país murieron varios miembros de las Mesas. Norte de Santander ha puesto la cuota de muertos y desaparecidos. En El Catatumbo las víctimas eran integrantes de asociaciones campesinas. Esas cifras lo atemorizan, porque no quisiera que su nombre engrosara el listado.
La lucha constante y diaria es por la defensa de los derechos de los demás. Ahora, también deben buscar maneras para evitar que sus derechos no sean violados. “Nos toca estar unidos y hacer resistencia para que se dé el respeto a nuestros derechos”. Esa resistencia de la que habla es frente a los grupos armados al margen de la ley, guerrilla y bandas criminales.
Está confiado en que en el país habrá verdad, justicia, reparación y no repetición. Los defensores de derechos humanos han solicitado ampliar la Ley de Víctimas y creen en un proceso de paz con inversión social. Otro anhelo es “encontrar a nuestros seres queridos, desaparecidos en Colombia”.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
rafaelpabon58@hotmail.com
Foto: ALDAIR SALAZAR
