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Ya son sabidas, de tiempo, las salidas de la ministra Gina Parody, ella es así, una mujer intrépida a quien la vida le sonríe permanentemente. Es mediática y sabe poner el viento a su favor. Como todos, aduce que su ‘astucia’ está enmarcada en el dinamismo de la política, por ello pasó de ser la consentida del ‘uribismo’, del que fue puntal en el 2006, cuando llegó a la Cámara por Bogotá, a la más férrea ‘santista’, al punto de afirmar que Uribe es uno de esos engendros que vive el republicanismo colombiano.
La ministra sabe que se debe generar controversia para exacerbar credibilidad y estar en los medios, ser notoria a costa de señalar, decir, acusar así su justicia mediática fustigue a personas o instituciones, a las que escoge para aplicarles su escarnio mediático.
Recién llegada al ministerio intervino a la Fundación Universitaria San Martín y prometió llevar a la cárcel a los dueños; luego, denunció la injerencia de grupos políticos en la elección del rector de la Universidad del Pacífico en Buenaventura, en esa oportunidad dijo que los políticos iban tras los $ 32.000 millones de inversión; desde el claustro respaldaron al nuevo rector, mientras que ella continuaba desde su cuenta de tuiter denunciando irregularidades.
Después, llegaron las denuncias sobre los dineros de la alimentación escolar. En un informe anterior la Contraloría General de la República había encendido las alarmas en Montería. Allí, los 32 gobernadores se comprometían a enfrentar las mafias de la alimentación escolar. En una misiva le dijeron a la Ministra: “Buscamos soluciones inmediatas a las debilidades detectadas en todos los actores involucrados con la operación PAE”, y agregaron “ponemos a su disposición una mesa de trabajo regional PAE para analizar los hallazgos de la Contraloría y las debilidades detectadas por parte de todos los actores del programa”. También, señalaron la necesidad de establecer una política pública de manera urgente. Sin embargo, el encuentro, que se organizó con la intención de tratar el asunto con la ministra, no cumplió el objetivo pues ella no asistió, se fue a Bogotá, hizo rueda de prensa y denunció lo que tituló: “Las mafias de la alimentación escolar”.
Pero el asunto no paro allí. La procuradora para la infancia y la familia Ilva Miriam Hoyos, quien hace años sigue de cerca este problema, quiso asistir al encuentro entre los gobernadores y la ministra, y allí fue Troya. Según la periodista de Caracol, Darcy Quinn, el asesor de la procuradora Héctor Silva, supuestamente, habría amenazado a un funcionario del ministerio cuando a Ilva Miriam no se le permitió estar en la reunión al que este habría advertido: “Sigan así y verán cómo se les voltea todo en la Procuraduría”, y relató: “Pues, quién dijo miedo. La ministra se puso furiosa y exigió que el señor Silva se saliera de la reunión; además, le dijo a la procuradora que no la amenazara y no la persiguiera, que a eso es lo que se ha dedicado la Procuraduría y que los denunciaría y los recusaría”.
La procuradora alegaba tener derecho a estar en la reunión. “Le expresé a la ministra que esto era un veto a las funciones de la Procuraduría, que no tenía ni contra ella ni contra el viceministro ningún tema de carácter personal. Empezó a gritarme que ella invitaba a su despacho a quien quisiera, que si quería que me nombrara ministra para ejercer, que no podía estar inmiscuyéndome”, dijo Hoyos.
A pesar de los gobernadores haber expresado al Gobierno que el PAE estaba mal planteado y desfinanciado, la ministra prefirió hacer lo mediático y se fue lanza en ristre contra los operadores y de cierta manera contra los gobernadores, pues sembró, con sus declaraciones, la sospecha de ser estos cómplices de esos carteles. Lo que olvidó la ministra decir fue que el PAE está desfinanciado, así lo reconoció el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas, cuando aceptó refinanciarlo en $ 280.000 millones, y segundo, que no eran todos los departamentos, pues también omitió referirse a ciudades donde los refrigerios escolares, a estas alturas del año, aún no se entregan en las escuelas, como en Bucaramanga, donde a pesar de haber sido contratados no llegan. Pero para cerrar la ministra, al final de la reunión en el despacho, el mismo día del enfrentamiento con la Procuraduría, termino aceptando que “si usted me pregunta, si el programa esta desfinanciado… seguramente”.
Y para complementar, la Procuraduría señaló que desde el 2013 informó al presidente Juan Manuel Santos advirtiéndole “las fallas jurídicas, financieras, organizacionales, administrativas y presupuestales del PAE”. Esa advertencia, el organismo de control, la hizo en una reunión de gobernadores en el 2014, y expresó que el Gobierno era cómplice de lo que ocurría con el PAE y dijo; “guardo el silencio de los inocentes”.
Pero esto no quedó allí. Algo que poco se ha publicitado es que los gobernadores, ante esta situación, le han solicitado al Gobierno que el Ministerio de Educación asuma directamente el PAE y que se presente un proyecto de ley, pues actualmente, son lo entes territoriales los que deben contratar a los operadores que suministran la alimentación.
Y precisamente, el 4 de mayo, la ministra radicó ante la secretaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley en el cual, según el ministerio, se garantizarán la transparencia y el bloqueo de las mafias a la vez que se crea el sistema nacional para la seguridad alimentaria (Sisan) en busca de que la comida les llegue a los niños y, además, lograr algo de los $ 1,5 billones de la Ley de Licores, dinero que alcanzaría para unas 4,7 millones de raciones alimentarias.
De nuevo vinieron los enfrentamientos. Tan pronto la ministra radicó el proyecto de ley, dos horas después la senadora por el partido liberal Sonia Gaviria acusó al ministerio de plagio y le solicitó retirar el proyecto por presentar coincidencias textuales, en la mayoría de su articulado, con el contenido y sentido de las disposiciones del proyecto de ley 54 del 2014, del que es autora la bancada del Partido Liberal. Lo particular del caso es que el proyecto de los liberales se encuentra en tercer debate, es decir, a uno de convertirse en ley.
Por ahora, el ministerio aduce que esa ley de los liberales no ataca de fondo las mafias que devoraron el PAE y que el proyecto de ley que está en trámite está incompleto. Mientras la ministra sigue siendo una de las consentidas de un gobierno que ahora más que nunca necesita recobrar la credibilidad que ha perdido con acciones ciertas y verdaderas, con menos espectáculo, pero con más mano fuerte frente a la corrupción. Si la Ministra lo hace así, el pueblo lo agradecerá y lo aplaudirá.
JUAN RICARDO GELVEZ
Periodista
Foto: zonacero.com
