La sociedad colombiana ha manifestado por todos los medios a su alcance el profundo malestar por la oleada de corrupción que se ha anidado en centros fundamentales de la actividad política nacional. Desde allí, trafican descaradamente con recursos y bienes que solo le pertenecen al sector público de nuestra nación. Estos delincuentes de ‘cuello blanco’ tienen que responder por el robo sistemático de los recursos fundamentales y sagrados, los que han debido proyectarse para la solución de los graves problemas que enfrenta la nación. Es más grave este problema en La Guajira y Choco, donde la muerte arrebata vidas de niños en condiciones de miseria, frente a la actitud permisible de un Estado que es incapaz de aplicar las drásticas sanciones que el peso de la justicia exige.
Esto es de una gravedad profunda, sus consecuencias pueden ser catastróficas si no se les pone un punto final a las depredadoras prácticas: pan de cada día de políticos corruptos. En el interesante libro Por qué fracasan los países, los autores Daron Acemoglu y James A. Robinson demuestran cómo la corrupción permite la consolidación y permanencia en el poder de grupos políticos que actúan en consonancia con sectores empresariales y financieros que controlan la esfera económica, permitiéndoles enriquecerse con los fondos del Estado. Desde allí, adelantan una colonización total de los escaños legislativos, presenta un modelo seudodemocrático endeble y a la vez corrupto. En esta forma, se reciclan cada año, permitiendo la consolidación de camarillas de poder que impiden la renovación de los sectores políticos y, en cambio, permiten la permanencia de sectores carentes de ideas renovadoras y de sentimientos de verdadera justicia social.
Uno se pregunta ¿por qué profesionales egresados de las mejores universidades del país son cerebros grises de estos actos de corrupción? ¿Qué pasa en nuestro entramado social que constantemente permite la aparición de este tipo de ’delincuentes ilustrados’, procedentes de buenas familias, que solo buscan la oportunidad para dar rienda suelta a los oscuros procederes de rapiña en procesos de contratación de las grandes obras de infraestructura que requiere la nación? En la solución hay que ir mucho más allá de la propuesta de altas penas que se proponen para poner coto a tan grave y delicada situación. Es necesario investigar a fondo qué falla en la formación ética de la sociedad colombiana
El sonado caso de Odebrecht es un ejemplo fiel de lo que estamos tratando. Para hacer efectiva la entrega de los dineros a los hoy detenidos se utilizaron sofisticados movimientos bancarios que daban la vuelta al mundo en un esfuerzo de los delincuentes para borrar todo rastro con las fuentes primigenias del delito. Es decir, la utilización de la inteligencia humana y formación bancaria de primer orden, para eludir a las autoridades encargadas de vigilar el manejo correcto y trasparente de los recursos del erario.
Colombia está en el ojo del huracán de la contratación estatal en el mundo, por lo tanto debe mantenerse alerta sobre estos procesos. Lo que Odebrecht demuestra es que hay una bien aceitada mafia internacional con capacidad de corromper a los funcionarios y después echarlos a las llamas, habiéndose embolsillado el mejor porcentaje de tan pingües negociados. Los colombianos debemos construir un gran movimiento contra la corrupción, integrado por las fuerzas vivas de la sociedad, donde hagan presencia organizaciones sociales y civiles de los DD.HH., movimientos políticos, universidades, sectores religiosos, organizaciones de ciudadanos, asociaciones de trabajadores, obreros y campesinos, bajo la consigna de ’Los dineros públicos son sagrados’. No vamos a permitir que una banda de corruptos enquistados en las altas esferas de la administración pública sigan con el tráfico de los recursos públicos destinados a la educación, salud e infraestructura, dineros indispensables para suplir las necesidades urgentes de nuestra población de escasos recursos económicos.
Hay que constituir, dar mayor fuerza y dinamismo a las veedurías ciudadanas para investigar y conocer el estado de inversión pública en los grandes proyectos de infraestructura vial e hidroeléctricas, en los que está comprometida la nación. Veeduría que hagan presencia ciudadana a lo largo y ancho de la geografía colombiana, con un ejercicio real de la vigilancia en departamentos y municipios de Colombia, así como en las ramas de la administración pública.
Debemos constituirnos en centinelas de la ejecución de los recursos públicos, así como del cumplimiento de las penas y las sanciones que la justicia colombiana les imponga a estos delincuentes que consideran que ‘ser pillo en Colombia, sí paga’, pues les vamos a demostrar su equivocación.
No nos quedaremos sentados en la puerta de la casa viendo pasar el hurto, desfalco y malversación de los fondos públicos, por el contrario, haremos realidad nuestra consigna: Enfrentar masivamente la corrupción, con la fuerza que se asume la salvación nacional. ¡Cerrar filas es el compromiso!
ALONSO OJEDA AWAD
Vice. Presidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH (CPDH)
Foto: richardbistrong.blogspot.com