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EL ZULIA – Norte de Santander.- Arriba, en el campo zuliano, lejos del ambiente intrincado que se respira en los poblados urbanos, 20 familias campesinas sufren los rigores de la aplicación al dedillo de la Ley 1448, aprobada para favorecer a las víctimas del conflicto armado que soporta Colombia desde décadas atrás.
Hace 20 años, cuando existía el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), y cuando los grupos armados ilegales imponían la ley en los sectores rurales de El Zulia, se decidió la compra, por parte del Estado, de las fincas Las Delicias y La Florinda en la vereda La Rampachala.
Cada uno de los beneficiados se comprometió a pagar el costo de las tierras en 15 años. El plazo se cumplió y la mayoría está a paz y salvo con esa deuda. Sin embargo, ahora surgió un inconveniente, que no saben cómo resolver, porque es el Estado el que los acosa para que entreguen las hectáreas en las que tienen cultivos de arroz, caña, palma, plátano y pan coger.
El Zulia, fundado el 30 de octubre de 1959, forma parte del área metropolitana de Cúcuta; dista 12 kilómetros de la capital de Norte de Santander; está situado en la subregión oriental del departamento y en la zona de influencia fronteriza con Venezuela. Tiene una superficie de 449,07 kilómetros cuadrados, equivalente al 0,22% del área total del departamento.
“Soy un campesino, con mucho orgullo, víctima del Estado, por la Ley 1448”, así se presentó Eduardo Torres, uno de los afectados por la puesta en marcha de la norma. “En este momento quiero que nos escuchen, porque el campesino es tímido”.
La distribución de tierras está en proceso administrativo. La esposa de Manuel Ujueta, anterior dueño de las 13 parcelas, las reclama como suyas. “Estamos en el limbo y expuestos al desalojo”, dijo este hombre que desde la adolescencia ha labrado esa tierra en compañía de su padre para ver crecer sanos a los hermanos.
Era un adolescente cuando se hicieron esos negocios y recordó que los viejos les han inculcado que las transacciones se efectuaron legalmente. “En ningún momento se le quitó nada a nadie, no se ultrajó a nadie, no se amenazó a nadie”. Todo se llevó a cabo en medio de la legalidad y los documentos existen.
La reforma agraria los premió, tiempo atrás, permitiéndoles obtener esos lugares para arar, cultivar y producir lo que llevan con esfuerzo a la plaza de mercado de la gran ciudad. Allá, el intermediario les compra al precio que quiere y se queda con lo que les ha costado cuatro meses de arduo trabajo al sol y al agua. “Muchas veces es más lo que se invierte que lo que le hace. Muchas veces quedamos debiendo”. Esa mala paga cansa al campesino que ha soportado los embates de la violencia, primero por la guerrilla y luego por los paramilitares.
Ahora, desgraciadamente, es el Estado el que los hostiga para que abandonen esas hectáreas que adquirieron y que han cuidado con esmero. “El trabajo sirve para seguir siendo pobres, porque del campo, como va, nunca saldrá un rico, que se diga ese campesino se enriqueció”.
En la época dura no los doblegaron la guerrilla ni los paramilitares, porque se pararon en la raya, envalentonados con las enseñanzas de los padres a ser rectos, a trabajar honradamente para que no los moviera nadie de ahí. “Ahora que pensamos tener paz, en estos últimos tiempos el mismo Estado nos va a desplazar”.
Es duro ver cómo sicológicamente los parceleros están en este momento en el limbo. Hay gente que no duerme, hay viudas y hay familias grandes afectadas por las decisiones que puedan tomarse a partir de la Ley 1448. “No sé qué vamos a hacer si el Estado nos desplaza de estas tierras que son tan ricas y tan buenas”.
Como está escrito en la ley los van a juzgar, supuestamente, por un delito que cometieron 20 años atrás, cuando el Incora compró, les vendió y le pagaron. “Vamos a luchar para que a estos campesinos no los vayan a sacar de la tierra”. La única manera que tienen para defenderse es mediante la organización de una manifestación, que planean amparados en la Constitución, porque saben que “es legal reclamar nuestros derechos”.
De acuerdo con las cuentas que tiene Eduardo, a finales de agosto saldrá el fallo y se conocerá la decisión de si el caso pasa al juzgado o no. Entre tanto, le resta hacer un llamado a los campesinos que de 1991 para acá les dieron tierra para que los acompañen y se solidaricen con los labriegos de La Rampachala.
“Si hay alguien que tenga que indemnizar a esa persona (Manuel Ujueta), es el Estado. Ahí es donde debe estar la ley. Pero que no se venga a desquitar ahora con los campesinos”. Y para los hacedores de la norma “Gracias por los ‘micos’ que dejaron en la Ley 1448”.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
