Contraluz.CO Sólo Periodismo
Artículos relacionados
Las riquezas de esta tierra buena fueron descubiertas en 1905, cuando el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909) otorgó al general Virgilio Barco la concesión de explotación de los recursos petroleros en la región de El Catatumbo. Contrato que al final, como siempre, terminó en manos de multinacionales estadounidenses.
Cinco años más tarde, fue creado el departamento. Al tiempo que se desarrollaba la industria petrolera del país, los problemas de miseria y pobreza de los habitantes de la región se acentuaban. Así como también la militarización de las zonas de explotación. En 1931, el Gobierno asumió compromisos de defender con las armas a las compañías petroleras de los ataques indígenas. Ochenta y dos años después, la situación ha cambiado poco. Crece la presencia de empresas extranjeras dispuestas a explotar la riqueza minero energético. Crece la presencia de la fuerza pública. Crecen los indicadores de pobreza y miseria.
Lo novedoso de este panorama es la presencia, desde finales de la década de los 70, de las guerrillas del Eln, luego del Epl y a principios de los 80 las Farc. Para finales de los 90 incursionaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Solo hacía falta el detonante de la violencia generalizada: los cultivos de uso ilícito y los carteles del narcotráfico. Estos comenzaron a hacer presencia en la medida en que los cultivos de hoja de coca crecían vertiginosamente. Para 1999, según los reportes del Simci-Unodc, se habían detectado 15.039 hectáreas plantadas. Según sondeos efectuados en ese momento por el Observatorio de Derechos Humanos, entre autoridades locales y líderes campesinos, el área cultivada podría llegar a 40.000 hectáreas.
El cuadro estaba completo. Unos, se dedicaban a los negocios de la explotación de los recursos naturales. Otros, a hacer la guerra y a vivir de la coca. El Estado hacía presencia por medio de la fuerza pública, que servía a unos para combatir a otros y, de paso, les cobraban a todos. Mientras tanto, los dueños del territorio cada día eran más pobres y continuaban poniendo los muertos. Durante el período 1999-2004, de control paramilitar, fueron asesinados en los municipios de la cuenca de El Catatumbo 5200 personas (Dane-Policía). Para el 2004, el Programa Presidencial de Derechos Humanos adelantó un estudio acerca de los homicidios cometidos en la región y concluyó que en el 92 % de los casos ocurridos, la justicia no identificó a los culpables. Según la Defensoría del Pueblo, este grupo cometió durante ese período 54 masacres que dejaron 403 muertos. Según Acción Social (2011), los que abandonaron el territorio de manera forzada fueron 98.789.
El registro histórico de denuncias de desaparecidas ante la Fiscalía General de la Nación, a junio de 2013, llega a 1019 casos. Esta oleada de violencia sin antecedentes y la crisis humanitaria que desencadenó, ocurría ante los ojos del mundo, pero principalmente ante los del Estado colombiano, sobre todo en una región con niveles de militarización impresionantes. En 11 municipios hay 17 Estaciones de Policía, una Fuerza de Tarea con tres batallones, un batallón de Ingenieros, un batallón mecanizado, dos batallones del Plan Especial Energético y Vial, un batallón de instrucción y entrenamiento, un batallón de artillería, un batallón de contraguerrillas, un batallón de apoyo de servicios para el combate y uno de infantería.
Las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl tienen 8 estructuras armadas, según fuentes oficiales, que cubren el ciento por ciento de los municipios del departamento. Como si lo anterior fuera poco, después de la arremetida paramilitar (1999-2004), aún se nota la presencia de los grupos organizados los Rastrojos y los Urabeños, en los dos municipios más importantes de El Catatumbo: Ocaña y Tibú.
¿Será que en este escenario de violencia y muerte, el Estado colombiano tiene legitimidad para reclamarles a los catatumberos su reconocimiento? Los funcionarios que ha enviado el presidente Juan Manuel Santos a Tibú, no tienen la culpa del fracaso. No nos conocen y no conocen nuestra historia de abandono gubernamental. Tampoco tienen interés en conocernos. Pensaríamos, más bien, que el Gobierno debería hacer un acto de desagravio y pedirles perdón a los nortesantandereanos.
FUNDACIÓN PROGRESAR
fundacionprogresarcuc.blogspot.com
