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CÚCUTA.- El Gobierno, por oficio o por solicitud directa del Concejo, puede dentro de condiciones especiales económicas aplazar la vigencia de los catastros por formación o actualización por un periodo de hasta un año.
El concepto lo entregó el personero de Cúcuta, Juan Carlos Bautista, al analizar los efectos causados entre la comunidad por los incrementos desmesurados del valor de los predios en la ciudad.
A diario, ciento de cucuteños visitan la Alcaldía en busca de arreglos para no pagar las desorbitantes sumas que les cobran por concepto de impuesto predial en las facturas enviadas a la casa. La carta catastral tenía siete sin actualizar y al revisarse los costos se elevaron hasta en el 30 pr ciento.
El Personero hizo el reclamo amparado en las facultades legales que le confiere el artículo 178 de la Ley 136 de 1994. Les envió al alcalde Donamaris Ramírez y al presidente del concejo Jorge quintero un oficio en el que analiza el impacto causado por el proceso de actualización en los diferentes sectores y las clases sociales de Cúcuta.
Si subsisten las condiciones que originaron el aplazamiento se podrá proceder a ordenar una nueva formación o actualización de los catastros.
El artículo 180 del Código de Régimen Municipal.
El funcionario del Ministerio Publico no entiende por qué la administración municipal y el Concejo no inician gestiones y hacen uso de las herramientas legales para evitar inconvenientes jurídicos y económicos para los cucuteños.
Bautista hizo reparos al descuento del 30 % aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. “No es la solución ideal, ni inmediata”.
El estudio del IGAC desencadenó el impacto negativo en la economía doméstica. No fue socializado con la comunidad que afronta crisis económica.
