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El caso de Eva*
Eva es una niña venezolana, migrante pendular de 14 años, que ayuda a su mamá a trabajar y cuida de su hermano menor. Llega a Colombia embarazada, producto de una violación y con infecciones de transmisión sexual. Eva no quiere ser madre.
Se entera de que en Colombia el aborto es legal y manifiesta que quiere interrumpir el embarazo. Solicita al Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta un aborto, por ser víctima de violencia sexual, y el tratamiento para combatir las infecciones de transmisión sexual con las fue contagiada. En el hospital le pidieron la denuncia, y como no la tenía, le negaron el procedimiento. No la tenía porque en Colombia la Fiscalía no recibe las denuncias de violencia sexual que ocurrieron en Venezuela.
Mientras estuvo intentando acceder al aborto fue maltratada psicológicamente por el personal del hospital, vulneraron su derecho a la confidencialidad porque el personal médico que no tenía por qué conocer su caso se enteró, y en el hospital la presionaron para que no se hiciera el procedimiento. Su madre también la presionaba y la llamaba asesina.
Con tantos obstáculos, Eva se resignó a continuar con el embarazo. Le programaron una cesárea porque por su corta edad y el estado de desnutrición en el que se encontraba, un parto natural pondría su vida en riesgo. Los dolores de parto le comenzaron justo el día en el que el puente Internacional Simón Bolívar fue cerrado con barricadas. Eva estaba del lado venezolano y no pudo pasar hacia Colombia. En un pueblo de frontera le practicaron una cesárea sin anestesia ni medicinas. La bebé nació muerta.
Finalmente, lograron que le llevaran algunos medicamentos desde Colombia porque después de la cesárea, practicada en condiciones precarias, se encontraba en riesgo de muerte. Por las condiciones económicas de Venezuela, Eva, su madre y su hermanito siguen siendo migrantes pendulares. Vienen a Colombia a buscar su sustento, no tienen otra opción.
Eva también viene periódicamente por un método de planificación, no porque quiera tomar anticonceptivos sino porque sabe que seguramente volverá a ser víctima de violación en la frontera y no quiere repetir la pesadilla de quedar embarazada y que la obliguen a ser madre.
El caso de Rut*
Rut es una migrante venezolana de 17 años, tiene un hermano menor por el que tiene que velar. Desde niña fue violada por su padre. Mientras intentaba llegar a Colombia por una trocha, fue violada por tres hombres.
Como producto de las violaciones quedó embarazada. Con 12 semanas de gestación llegó al hospital de Villa del Rosario, Norte de Santander, con una crisis nerviosa, llanto y manifiestando no querer seguir adelante con el embarazo.
En el hospital de Villa del Rosario le negaron el derecho a la IVE y la remitieron a un hospital en Medellín en donde le dieron medicamentos para inducirle el aborto.
Como no estaba en capacidad de cuidar a su hermano, el niño fue llevado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, para que recibiera cuidado.
En Medellín, el personal de salud la dejó sola durante todo el proceso. Solo llegaron cuando había expulsado el feto. Se lo pusieron sobre el pecho y la trataron de asesina.
Desde que Rut salió del hospital, tras enfrentar tantas barreras y agresiones por parte del personal de salud, no se supo nada más de ella. No se sabe en dónde está. Se fue sin que le prestaran ayuda psicológica ni controles a su salud por el maltrato que había sufrido en el Hospital.
El caso de Sol*
Sol es una mujer de Pamplona, Norte de Santander. Tuvo un hijo tras un embarazo traumático, de alto riesgo y el médico le dijo que no podía tener más hijos porque su vida estaría en riesgo. Pero quedó embarazada y cuando solicitó a su prestador de salud la interrupción del embarazo se la negaron, aun cuando mostró el certificado médico que explicaba las razones por las que su vida correría peligro si seguía adelante con otro embarazo.
Desesperada, consiguió medicamentos para inducirse un aborto, pero no le hicieron efecto. Cuando su EPS la iba a remitir a un hospital de Medellín, en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta accedieron a hacerle la IVE, pero antes intentaron persuadirla, la presionaron, la trataron de asesina y la sometieron a una fuerte presión psicológica.
En el hospital la tuvieron día y medio sin comida, y como no lograron persuadirla finalmente le pusieron medicamentos para inducirle el aborto. La dejaron sola durante el proceso.
La situación de muchas mujeres en Norte de Santander
Según el Informe “Sin Dios ni Ley” de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, “entre el 2012 y el 2019 28 estructuras criminales se disputan los 2.219 kilómetros de frontera que hay entre Colombia y Venezuela. En este territorio confluyen distintos actores armados ilegales, así como una variedad de mercados criminales que dan lugar a una serie de violencias y disputas que tienen graves repercusiones sobre la población civil localizada allí. La economía ilegal crece y por encima del narcotráfico y el contrabando está la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. La mayoría de estas víctimas son mujeres migrantes venezolanas”.
Esta situación es conocida por todas las instituciones de Norte de Santander y por el país entero. Las mujeres en el Catatumbo son retenidas por diferentes actores armados y violadas sistemáticamente. Las que logran escapar llegan a Cúcuta con embarazos no deseados y buscando abortos que se enmarcan en las causales despenalizadas. Aun huyendo de estos escenarios de conflicto y violencia, en el hospital les exigen la denuncia para practicarles un aborto. Esto resulta imposible por el riesgo que implicaría para las mujeres denunciar integrantes de estos grupos armados sin garantías de protección. Estas son situaciones trágicas que acorralan a las mujeres y las revictimizan.
En el contexto de la cuarentena, muchas mujeres han sido violadas simultáneamente por diferentes hombres, en “manada”. Son secuestradas por días. Son violadas, humilladas y sometidas a prácticas atroces como empalamientos. Las mujeres llegan a los hospitales pidiendo ayuda con desgarros, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Las mujeres migrantes, que no conocen las leyes colombianas piensan que al llegar a Colombia no tienen derechos, y los puestos de salud desinforman activamente a las mujeres migrantes en situación irregular diciéndoles “acá ustedes no tienen derechos” y maltratándolas. No pueden denunciar por miedo, porque se encuentran en situación irregular y temen ser deportadas, o porque sus victimarios podrían enterarse. Son mujeres pobres, desnutridas, sin educación, con muchos hijos y cuando piden ayuda les imponen barreras injustificadas y desproporcionadas.
*Los nombres de las víctimas han sido cambiados para su protección.
