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CÚCUTA.- Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Empresas Municipales de Chinácota y Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario aparecen en la lista de sancionados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el 2020.
Las multas impuestas por la Superservicios a 72 prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, por incumplimientos a la regulación vigente, alcanzan los $ 45.157,8 millones. En Norte de Santander son las siguientes:
1.- Centrales Eléctricas. $ 1106 millones.
– Causal de la sanción: Falla en la prestación del servicio – incumplimiento a los indicadores de calidad.
– Estado de la sanción: En recurso de reposición.
2.- Empresa de Villa del Rosario. $ 272.118.930
– Causal de la sanción: Mediciones de consumo.
– Estado de la Sanción: En firme
3.- Empresas Municipales de Chinácota. $ 35.989.923
– Causal de la sanción: Calidad de agua.
– Estado de la sanción: En firme
Las sanciones, en general, recaen sobre 27 prestadores de energía, 20 de gas, 11 de acueducto, alcantarillado y aseo, 7 de acueducto y alcantarillado, 6 de aseo y 1 de acueducto y aseo. Son resultado de procesos de investigación iniciados por la Superintendencia entre el 2016 y el 2019.
Las principales razones para imponer las multas se derivan de incumplimientos a indicadores de calidad de agua, normas técnicas, regulación en materia de subsidios, reglamento de instalaciones eléctricas, inversiones y metodologías tarifarias; fallas de continuidad en la prestación, medición del consumo, reporte de información, planes de contingencia, recolección y disposición final de residuos, entre otros.
La superintendente Natasha Avendaño García dijo que “luego de cumplir las etapas que nos define la ley, hemos impuesto estas sanciones durante los primeros cinco meses del año”. Explicó que para actuar confirmaron el incumplimiento en calidad, continuidad, aspectos técnicos y operativos por parte de estos prestadores.
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, en relación con incremento de tarifas, medición por promedio y cortes o suspensiones no autorizados “estamos monitoreando a las empresas para evitar abusos. Es inaceptable que familias y empresarios se afecten con incrementos injustificados en las facturas o reciban mal servicio”.
