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CÚCUTA.- Preocupante, así luce el panorama de desempleo en la capital nortesantandereana. El índice de desocupación en la ciudad y en la región aumenta y la crisis fronteriza es uno de los factores principales. De la relación comercial con Venezuela depende buena parte de la estabilidad, que permanece sujeta a unas políticas que desfavorecen a la industria local.
El problema se agrava al hablar de la población discapacitada. El trabajo es un derecho y una obligación social, y goza, en todas las modalidades, de la especial protección del Estado. Todo colombiano tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, reza el artículo 25 de la Constitución Nacional.
¿Se cumple esto? En una ciudad donde la malla vial parece estar diseñada única y exclusivamente para vehículos y en la que se hace casi imposible el tránsito de peatones sin limitación física, se convierte en un desafío para los discapacitados.
Si se habla de las empresas y la infraestructura diseñada para el empleo de personal que presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales son pocas en las que el empleador vela por la comodidad de los trabajadores en estas condiciones.
Home Center emplea bajo políticas propias de labor social y cuenta con siete empleados discapacitados. El número varía según la cadena de mercado distribuida en el país. La jornada laboral es de seis días a la semana y uno de descanso. Hay flexibilidad en los horarios para continuar los estudios.
Buena parte de la población está afectada directa o indirectamente por algún tipo de discapacidad: motora, visual, cognoscitiva o múltiples. El Estado brinda un subsidio que solo se hace efectivo en las mujeres a los 52 años y en hombres a los 57.
El Sena forma a los discapacitados para la inclusión laboral. Según el censo del 2005, el 6,4 por ciento de los colombianos sufre una limitación permanente, lo que equivale a 2,6 millones de habitantes que presentan dificultades para vincularse laboralmente. La falta de oportunidades hace que le desempleo sea hasta tres veces mayor al de la población en general, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).
En el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Dane, a marzo de 2010, se registraban en el país más de 790.000 individuos con en esta condición (47,5 % hombres y 52,5 % mujeres), de los cuales 120.000 reportaron laborar en los últimos seis meses. Adicionalmente, 233.000 afirmaron estar incapacitados permanentemente para trabajar y sin pensión, mientras que otros 34.000 buscaban trabajo, casi 184.000 llevaban a cabo oficios del hogar y 57.000 estudiaban.
El Sena, como ejecutor, en parte, de la Política Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, ofrece cupos de formación para el trabajo.
El Decreto 884 de 2012 reglamentó la Ley 1221, que define las normas para promover el teletrabajo en el país. En el artículo 3 se define como un beneficio para la población vulnerable que incluye a personas con discapacidad que desde el hogar puede tener mejores posibilidades para acceder a oportunidades laborales, mediante el uso de las herramientas tecnológicas.
ANGIE LORENA PABÓN
Estudiante de Comunicación Social
Universidad de Pamplona
Campus de Villa del Rosario
Foto: laorquesta.mx
