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Guardo profunda admiración y cariño por los líderes sociales, así como por los defensores de los derechos humanos. Los he visto trabajar con mística y fe en su causa, con verdadera pasión espiritual. Hacen su trabajo, como hormigas, en las más duras y difíciles situaciones. No importa si hay invierno cruel o veranos caniculares. Se riegan a lo ancho y largo del país para llevar la creencia de que es posible construir otro mundo, más humano y solidario del que nos tocó vivir. Enseñan la democracia como la vivencia política que nos puede sacar del pantanero social en el que hemos caído. En fin, son los portadores de un nuevo orden, en el que los derechos humanos se convierten en verdaderos estandartes de los nuevos y esperanzadores tiempos.
Por estas razones, no puedo entender por qué ‘la Mano Negra’, esa organización tenebrosa que se mueve con patente de corso por el país y que asesina a diestra y siniestra, ha decidido ponerlos en la mira central de su pavorosa orgía de sangre. Van cayendo líderes en diferentes sitios de la geografía nacional sin que nuestras autoridades puedan detenerlos, ponerlos a buen recaudo y hacer caer sobre los asesinos todo el peso de la ley, ojalá con decisión ejemplarizante.
Ante la arremetida de los grupos criminales contra los líderes sociales, el ministro del interior Guillermo Rivera expresó la decisión del Gobierno de perseguir y judicializar a los responsables de amenazar, intimidar y asesinar a los referidos líderes y defensores. Aseguró que esta persecución criminal es causada por el trabajo que hacen como defensores de derechos humanos y promotores del proceso de paz. Pero la masacre continúa con ribetes de genocidio y preocupa ante las evidencias de estar al frente de un nuevo exterminio como el que sufrió la Unión Patriótica.
Consultados los expertos en el tema, que hacen un seguimiento cotidiano y puntual de esta grave violación a la vida y a los derechos humanos, estas son las cifras aproximadas de lo que ocurre en el país:
- ¿Quiénes son los líderes asesinados? La respuesta porcentual es la siguiente: 88 % son hombres y 12 % mujeres.
- ¿A qué sectores sociales pertenecen? Las estadísticas se comportan así: 51 % integrantes de asociaciones rurales campesinas; 18 % indígenas; 10 % reclamantes de tierras, y 8 % afrocolombianos. El tema de la lucha por tierra está íntimamente unido a los homicidios. Es claro que el interés por adquirir o defender su tierra, es causa central de muerte o asesinato.
- ¿Cuáles son las organizaciones más afectadas? El resultado es el siguiente: 76 % municipales; 16 % departamentales y 7 % nacionales.
- ¿En qué departamentos ocurre mayor número de asesinatos? Las cifras se reportan así: Antioquia, primer puesto; le siguen Cauca, Valle, Córdoba y Nariño. Los municipios donde más casos se reportan son Apartado (Antioquia), Caloto (Cauca), Tierra Alta (Córdoba), Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño). Datos tomados de Bitácora. Observatorio del Ministerio del Interior. 28/13 de julio de 2017.
Los estudiosos del tema logran demostrar que es un fenómeno reiterativo, presente en años anteriores y demuestran que el año con más asesinatos fue 2013, le siguen 2014, 2016 y 2011.
Según la Fundación Paz y Reconciliación en el informe semestral ¿Cómo va la paz? presentado recientemente, cada cuatro días se comete un asesinato contra un líder social en Colombia y cada dos días hay un nuevo amenazado. Cierra el informe diciendo que en lo que va corrido del 2017 suman 54 asesinatos.
Esta tétrica cifra se incrementó en la última quincena con la muerte de dos líderes sociales: Ezequiel Rangel, en el corregimiento Guamalito (El Carmen – Norte de Santander), perteneciente a la Asociación Campesina de El Catatumbo (Ascamcat), del movimiento político y social Marcha Patriótica. El otro asesinado fue el del líder afrodescendiente Héctor William Mina, ocurrido en el norte del Cauca y perteneciente a Marcha Patriótica.
Como sociedad civil no podemos permitir esta sucesión macabra y escalofriante de asesinatos de líderes sociales, muchos de los cuales se presentan como crónicas de asesinatos anunciados. Es necesario ponerlo en evidencia cada vez más, expresarlo por distintos medios y en todos los espacios posibles, con el fin de hacer conciencia de la alta pérdida, en términos de costos sociales y dolorosos para la sociedad colombiana.
Corresponde al alto Gobierno, a las autoridades militares, a la justicia y a la Fiscalía General de Nación dar el golpe de ley contra esos grupos de asesinos que rompen el corazón bueno de los líderes sociales, antes de que sea demasiado tarde.
ALONSO OJEDA AWAD
Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los DD.HH.
