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CÚCUTA.- Ciento cuarentaitrés capturados, en 47 operaciones y 104 allanamientos; tres toneladas de estupefacientes incautadas y 26 toneladas de mercancía de contrabando aprehendidas, es el resultado de la operación ‘Escudo’, efectuada durante los últimos 15 días en Norte de Santander.
En la intervención, por primera vez, se articularon en la región y de manera conjunta la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía, con apoyo de la Judicatura.
El fin de la operación era contrarrestar la amenaza delincuencial generada por las economías ilícitas y estructuras criminales que tendrían relación con agresiones a líderes sociales y homicidios en el departamento, y la subregión de El Catatumbo. Participaron más de mil integrantes de las fuerzas en conjunto con la Fiscalía.
Por denuncia de la ciudadanía fueron desarticuladas cinco organizaciones delincuenciales. Destaca ‘Tren de Arugua’, de carácter trasnacional, conformada por venezolanos que intentaron posicionarse sin éxito en la zona de frontera.
Las acciones buscan avanzar en la judicialización de las organizaciones criminales que tienen relación con el contexto de violencia en el marco del cual se presentan amenazas y ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y homicidios
Balance
La estructura más afectada fue el Eln (26 capturas), seguida por ‘Los Rastrojos’ (13 capturas), ‘Los Pelusos’ (6 capturas) y el Grupo Armado Organizado Residual 33 (5 capturas).
Del total de capturados (143), se cumplieron 103 por órdenes judiciales producto de procesos investigativos y 40 en flagrancia.
La ‘Operación Escudo’ golpeó a las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos, minería ilegal y narcotráfico, y permitió la incautación de tres toneladas de cocaína.
Catorce municipios de Norte de Santander resultaron beneficiados con la acción institucional, que abarcó el 90 % del territorio de El Catatumbo.
Este modelo de intervención de la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares y la Policía, en colaboración con la Judicatura, se pondrá en marcha en otros puntos del país donde hacen presencia los grupos del crimen organizado y las economías ilícitas que afectan a la comunidad, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos.
