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CÚCUTA.- Autoridades locales, gremios y empresarios hemos coincidido en que al gobierno nacional le ha faltado mayor coherencia y compromiso con la región cuando se trata de mitigar los problemas que hace más de dos años padecemos con mayor efecto desde el cierre de la frontera y que se refleja en una difícil situación económica y social que cada día va en aumento. Confiados siempre en las autoridades competentes, esperábamos respuestas efectivas a la problemática de la región.
Puntualmente, una de ellas ha sido la internación de vehículos extranjeros, para contrarrestar el contrabando, que afecta seriamente a la industria automotor (autos y motos) en nuestro departamento. Según encuesta efectuada por el gremio, Fenalco, los indicadores nacionales de la industria determinaron que comparativamente con el año anterior, las ventas de noviembre y diciembre disminuyeron en 67 %. El 26 % de los encuestados respondió que las ventas se mantuvieron iguales y solo el 7 % manifestó que fueron superadas en el 2017.
Nos preocupa que, en el 2017, hubo una disminución del 40 % de las ventas de automotores, como consecuencia del contrabando de vehículos que se ha incrementado desde el cierre de la frontera, en agosto del 2015, y la caída de los precios del bolívar fuerte (moneda oficial del vecino país).
Expectantes estábamos que la reglamentación que hiciera el gobierno nacional con respecto a la internación temporal sirviera para desestimular la venta de estos vehículos en la ciudad, y garantizar la supervivencia de los establecimientos de comercio, sobre todo proteger los empleos formales que se han perdido como consecuencia de las bajas ventas.
Es lamentable que el gobierno nacional se haya demorado más de 20 meses para expedir el Decreto 2229, del 27 de diciembre, decreto inviable por contradecir otras normas, que refleja una absoluta indolencia y desconocimiento; viola flagrantemente leyes de la República como la 633 del 2000, la 488 de 1998, Ley de Fronteras, y la Constitución Nacional. Es decir, pareciera que este desconocimiento del ordenamiento jurídico colombiano es a propósito o porque no está convencido el gobierno nacional de la necesidad de detener y combatir este problema.
Mientras tanto, Fenalco respalda la solicitud para que se derogue dicho decreto y que se defina otro que sea aplicable lo antes posible, que responda a las necesidades regionales, para lo cual estamos emprendiendo todas las gestiones que desde el mismo ordenamiento jurídico podamos efectuar.
