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CÚCUTA.- Siete familias beneficiarias de la Unidad de Restitución de Tierras de Ocaña recibieron como proyecto productivo el cultivo de café. Ahora, en desarrollo del programa de reactivación económica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ‘Juntos por el Campo’, firmaron contratos de comercialización con la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo (Cooperacafé).
A los corregimientos Otaré y Agua de la Virgen, en Ocaña, el Estado no había podido llegar debido a dificultades de orden público. Con apoyo de la Consejería para la Estabilización y Consolidación del Territorio, la Unidad ingresó con la política de restitución de tierras para generar desarrollo y reparación integral. Treintaiún sentencia, proferidas hasta la fecha, han beneficiado a 97 campesinos.
El director de la Unidad en Norte de Santander, Edward Álvarez, asistió a la entrega de los contratos en Ocaña y acompañó a cuatro de los beneficiarios que, con la firma del contrato comercializarán al año 5000 kilos de café tipo pergamino.
Los acuerdos evitan la intermediación de terceros que no aportan en la cadena de abastecimiento, conectan de manera directa a los productores con los mercados, en este caso con cooperativas, para que la producción esté asegurada. “Así garantizamos que las familias no competirán de manera incierta en el mercado”, dijo Álvarez.
Yudy Torcoroma Soto, firmante de uno de los contratos con Cooperacafé, perdió el predio en 1999. Abandonó la finca y huyó con los hijos, luego de perder al esposo a manos de grupos paramilitares que tenían injerencia en Agua de la Virgen.
“Tuve que dejar todo botado y salir sin nada en las manos, solo con mis hijos. Ahora, Restitución me ha brindado nuevas cosas, como mi tierra y proyectos productivos de café y plátano, que son de ciclo largo y de ciclo corto. De cada uno tengo cultivadas una hectárea y estaré lista para empezar a comercializar”, afirmó la beneficiaria.
La Unidad de Restitución de Tierras reafirmó el compromiso de apoyar a los solicitantes para presentar las demandas ante los jueces especializados, con el fin de recuperar los predios perdidos por situaciones de violencia, despojo o amenazas. Además, fortalece a los beneficiarios con proyectos productivos que –en el departamento- ascienden a una inversión de $ 1362 millones.
