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CÚCUTA.- El 28 de julio de 1967, el alcalde Eustorgio Colmenares y los conductores de taxis colectivos firmaron un acuerdo para cubrir las rutas hacia los barrios periféricos de Cúcuta por necesidades del servicio. Los buses no alcanzaban para llegar hasta esas comunidades apartadas.
Hoy, 45 años después, los choferes que prestan idéntico servicio en la ciudad le piden al alcalde Donamaris Ramírez que los deje trabajar. Para hacer efectiva solicitud acudieron ante el procurador general de la nación Alejandro Ordóñez para que interceda y convenza al gobernante local.
Jorge Rodríguez, representante legal de la Asociación de conductores de taxis colectivos de Cúcuta, dijo que tienen “una vida legal de hace 45 años”. La resolución que mantiene la vigencia la firmaron el secretario de gobierno Luis Anselmo Díaz y el director de Tránsito Abilio Cañas.
En 1986, Jairo Mora Hernández, director de Tránsito en la alcaldía de Francisco Augusto Berrío, al ver el crecimiento del parque automotor colectivo expidió la Resolución 020 y autorizó el trasporte en taxi por puesto hacia los barrios cucuteños alejados.
“La resolución está vigente. El 22 de agosto cumplirá 26 años. Tenemos documentos, hemos pagado a la Alcaldía. Siempre hemos sido taxis colectivos. Nunca hemos cambiado de nombre”, dijo Rodríguez.
La denuncia entablada ante el jefe del ministerio público es que el alcalde Ramírez los persigue y los mantiene en la lista de “ilegales”. Los conductores responden con documentos en mano.
En la capital de Norte de Santander cumplen la labor de trasporte colectivo 656 vehículos con tarjeta de operación, con revisado técnico-mecánico, con seguros y con responsabilidad contractual. La actitud del gobierno local los tiene “traumatizados”, porque es el único trabajo que saben hacer.
Las cuentas que sacan es que se benefician 1312 conductores y propietarios. De cada uno dependen, en promedio, cuatro miembros de la familia, que suman 5248 favorecidos directos. Los indirectos pasan de 10.000, porque incluyen a vendedores de gasolina, dueños de restaurantes, empleados de esos negocios, los que preparan los alimentos, lavadores de carros, controles y muchos más.
“¿Qué vamos a hacer y qué va a hacer esa genta al quedar sin trabajo?”, es la pregunta que le plantea Jorge Rodríguez al alcalde Ramírez. Al tiempo mostró extrañeza con la actitud asumida en la Alcaldía, porque a cambio de generar empleo “lo que estamos viendo con este señor es lo contrario. Está acabando con las fuentes de empleo que hay en Cúcuta”.
Entre las soluciones propuestas por la administración municipal está la reconversión laboral. Los conductores aceptan la medida, siempre y cuando les parezca justa y equitativa, que beneficie a la ciudad, a los choferes y a los pasajeros. Piden que haya diálogo y que los deje trabajar como hasta ahora lo han hecho.
Los taxis salen desde los paraderos en las ciudadelas Juan Atalaya y La Libertad, los barrios Belén, Claret, La Laguna, X Roja, El Rosal, Niña Ceci y La Aurora. Llegan al centro y regresan al punto de partida. Cada automóvil moviliza, en promedio, ocho pasajeros por vuelta, que dan 5248 usuarios.
Cada carro hace hasta ocho recorridos al día, para 41.984 pasajeros. Si el pasaje costara $1000, el servicio colectivo generaría $41,9 millones al día, que serían $1257 millones al mes. Un negocio rentable.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
