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CÚCUTA.- Las caminatas por las calles cucuteñas, con pancartas y mensajes de protesta, les dieron resultados a las 26 familias deportadas de Venezuela, en agosto. En el recorrido por las vías, los damnificados por las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro exigieron atención de los gobiernos nacional, departamental y municipal. Esos reclamos surtieron efecto.
‘Necesitamos empleo y subsidio de arriendo. La crisis fronteriza sigue’ escribieron en un pliego de cartulina. La consigna se convirtió en la máxima exigencia por la situación que afrontan desde cuando fueron expulsados de los vecinos municipios tachirenses. Unos, vivían en San Antonio; otros, en San Cristóbal, y no faltan los llegados de Rubio y Capacho.
Conocedores de las normas que los protegen pidieron en otro cartel ‘Aplicación inmediata (del) decreto 1819’ y del artículo 47 de la Ley de Víctimas (1448). El desespero por los momentos que viven a la intemperie, hombres y mujeres a clamar ayuda oficial.
Esos gritos y esas arengas, megáfono en mano, encontraron eco en la administración municipal. El alcalde encargado Mauricio Franco; representantes de las secretarías de Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, Gobierno Equidad y Género, y voceros de los deportados que pasan los días en el Centro de Migraciones analizaron la situación y llegaron a los siguientes acuerdos:
1.- Hacer presencia con funcionarios de la Secretaría de Salud e iniciar el proceso de aseguramiento en materia de asistencia.
2.- La Secretaría de Educación hará presencia y matriculará a los niños en edad escolar.
3.- La Oficina del Sisben iniciará el proceso de afiliación de los colombianos.
4.- La Secretaría de Equidad y Género donará 60 kits escolares para los niños matriculados.
5.- La Secretaría de Seguridad y la Defensoría del Pueblo entregarán 26 mercados.
Al regreso de Bogotá, el alcalde César Rojas será enterado de la solicitud planteada en la reunión para que haga el llamado al Gobierno y se conforme la mesa de concertación. El propósito es abordar la solicitud integral de los deportados ante la continuidad del cierre fronterizo.
Después de cerrados los albergues temporales, el 8 de noviembre, la Iglesia Católica en Cúcuta ha mantenido el acompañamiento humanitario y pastoral a las familias deportadas y migrantes forzados de Venezuela.
1.- Se han entregado en este periodo 550 provisiones de alimentos, de 20 kg cada uno, proyectados para 15 días en familias conformadas por 5 personas; 1000 paquetes de noche; 2000 de aseo; 360 kits escolares y 360 dotaciones de cocina.
2.- Del 12 al 20 de enero, la Diócesis facilitó el hospedaje en el Centro de Migraciones Diocesano a los 103 deportados que permanecían en el parque Santander.
3.- Trascurrido este tiempo y con la imposibilidad de mantenerlos en la Casa de Paso, por las remodelaciones adelantan en cuanto al riesgo que representa para la salud y teniendo en cuenta que la capacidad de las instalaciones está copada con la población que atiende el Centro (víctimas del conflicto, desplazados, migrantes), las 30 familias debieron salir.
4.- El 22 de enero, se proporcionaron las tres comidas diarias a los niños, y el 23 a las mujeres. Por solicitud de los líderes, el acompañamiento se dirigió a niños, adolescentes y 5 mujeres en condiciones especiales: una embarazada, dos adultos mayores y una mujer con dificultades de salud.
5.- El impacto generado por las deportaciones y la migración forzada de connacionales ha agudizado la compleja realidad social, económica y de seguridad que afronta la ciudad y el Área Metropolitana.
6.- Hacemos un llamado al Estado para que brinde respuestas estructurales a los necesitados.
Foto: www.contraluzcucuta.co
