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Con las últimas objeciones a proyectos de ley que beneficiaban a los pensionados y a las madres comunitarias, el presidente Juan Manuel Santos reafirma su posición de dirigente insensible ante las necesidades del pueblo colombiano.
Primero, fue la objeción al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes que lograba disminuir el porcentaje que se descuenta por concepto de salud a los pensionados. Del 12 por ciento se pasaba al 4 por ciento en un claro acto de justicia. Porque, si bien es cierto cuando se ha tenido una vida laboral por más de 30 o 40 años los empleados pagan el 4 % y el 8 % lo asume el empleador, también lo es que al pensionarse cesa una vinculación contractual y por lo tanto el pensionado no tendría que asumir ese 8 %, porque no constituye empresa.
Hay que tener claro que el empleado ha cancelado de su salario una porción de ese dinero para la pensión. Lo que significa que a lo largo de la vida laboral ha ahorrado para ese fin. Pero, el señor presidente, con todo el poder ejecutivo a favor, objeta tajantemente esta determinación del legislativo en una clara demostración de indiferencia, de frialdad ante los problemas económicos de la clase trabajadora.
La otra objeción, más reciente, es la vinculación de las madres comunitarias como servidoras públicas. En 1972, surgió el programa para la atención de la población infantil en barrios periféricos. Se denominaron Centros Comunitarios para la Infancia, auspiciados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero disfrazados con la participación de organizaciones no gubernamentales que le ha permitido al ICBF evadir los derechos legales del trabajador en un claro y descarado caso de tercerización de vinculación laboral.
Esta modalidad, que ha hecho carrera en muchas empresas, perjudica al trabajador y beneficia al empleador, porque le permite evadir compromisos laborales o disminuirlos. La situación de las madres comunitarias se pretendía aliviar mediante la contratación de más de 55.405 mujeres que hace años se hallan en esa situación.
El ejecutivo, en cabeza del señor presidente, consideró que la vinculación de estas señoras representaba una grave erogación del presupuesto, y como la contratación requiere $ 800.000 millones adicionales, esto iba en contravía de lo consagrado en la Ley 617 de 2000 que establece la racionalización del gasto público nacional.
Hoy, con dichas objeciones, resulta apenas lógico que el Gobierno cuide el manejo del presupuesto. Uno ajustado a sus interés grupales o como se dice coloquialmente “para la mermelada”, “para la repartición”, “para la coima”, para imponer sus deseos como financiar ciento por ciento las campañas políticas. En fin, para disfrute de unos pocos y el sufrimiento de millones de colombianos.
ISBELIA GAMBOA
Foto: Tomada de Internet
