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CÚCUTA.- Habitantes de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander, Sardinata, Tibú, Ocaña, Toledo, Herrán y Ragonvalia son objeto de intimidaciones contra la vida. En los nueve municipios se han distribuido panfletos y pintado grafitis que anuncian ‘operaciones’ de la mal llamada ‘limpieza social’.
La Fundación Progresar – Cúcuta advirtió que los hechos reiterados de violencia, ocurridos en algunas regiones de Norte de Santander, ponen en riesgo los derechos a la vida, la integridad y la libertad de la ciudadanía y el libre ejercicio a defender los derechos humanos de los colombianos. La declaración la hizo mediante comunicado divulgado en las últimas horas.
El director de la ONG, Wilfredo Cañizares, señaló que este tipo de estrategia repudiable es propio del actuar de grupos armados ilegales de paramilitares, bandas criminales y delincuencia organizada.
Los miembros de esas agrupaciones pretenden demostrar su poder mediante el uso de la violencia indiscriminada, como forma de ganar el control cuando tratan de llegar a nuevos o viejos territorios, cometiendo, incluso, masacres como las recientes en la capital del departamento y Sardinata.
Desde el 2005, se han consolidado en cada vez más amplios sectores urbanos de los principales municipios los grupos armados ‘Águilas Negras’, Autodefensas, ‘Gaitanistas’, ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’. A esos grupos se suman las “redes mafiosas dedicadas al narcotráfico y a todo tipo de contrabando”, manifestó Cañizares.
El director de la Fundación se quejó por la carencia de una respuesta efectiva e integral de las autoridades civiles y policiales, para erradicar estos fenómenos ilegales.
Como consecuencia de lo ocurrido, el 2015 dejó datos lamentables para los nortesantandereanos:
1.- Fuentes oficiales reportaron que en Cúcuta ocurrieron 177 homicidios.
2.- De las muertes violentas, 133 se cometieron mediante la modalidad de sicariato.
3.- Se denunciaron 164 casos de desaparecidas.
4.- La Fundación recibió, en los primeros 45 días del nuevo año, 17 casos de amenazas directas contra líderes comunales, víctimas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
“Ante la gravedad de estos hechos, hacemos un llamado urgente al Gobierno”, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, tome de manera inmediata medidas efectivas que protejan los derechos fundamentales de la comunidad.
Wilfredo Cañizares incluyó en el llamado al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al de director del programa presidencial de derechos humanos, Guillermo Rivera.
Foto: questiondigital.com
