CÚCUTA.- Entre $1’133.400 y $5’667.000, pagarán las empresas de servicios públicos colombianas por cada incumplimiento a quejas y reclamos de los usuarios. El acumulado en el país, desde la posesión del director territorial de la Superintendencia de Servicios, suma $500 millones.
Entre las metas propuestas por Edgar Fernando Pérez está disminuir en el despacho el promedio de 60 días a 15 en los recursos de apelación que estudian. De esa manera quedarán a la par con los términos de respuesta para los derechos de petición, que por Ley deben remitirles las empresas de servicios cuando el usuario o suscriptor (consumidor) los interpone.
Algunos asuntos que no le competen a esta oficina, según la Ley 142 de 1994, corresponden a tarifas, que corresponden a las Comisiones de Regulación; concesiones de contratos, que asignan los municipios. Si se estima conveniente puede quedar para el conocimiento del Superintendente Nacional.
Los servicios de telefonía son resorte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Pérez dijo que no opina sobre la posible violación presentada en la recién fusionada Movistar-Telecom. La firma no recibe por Internet o en un portal las quejas y los recursos. A cambio aseguró, elevará la voz de alerta por los reclamos en aplicación de tarifas plenas de aseo cuando no son prestados puerta a puerta.
Pidió respeto para los usuarios de servicios públicos, generándoles confianza mediante fallos a favor, cuando siguen los procedimientos de ley.
En el Congreso cursa la propuesta de unificar las tarifas de suspensión, que serían inferiores a $10.000. Sobre el desmonte del subsidio al servicios de energía, dijo que depende del manejo que haga el Fondo Energía, que se alimenta de las rentas exportaciones.
En el segundo semestre del año, el Superintendente Nacional, César González Muñoz, visitará a un barrio de Cúcuta y golpeará puerta a puerta para conocer los problemas del sector. En dos centros educativos hará campañas de inducción en servicios públicos a estudiantes de séptimo grado, programa ‘Vocalitos de control social’.
El director territorial ofreció, el 12 de julio, capacitación a los enlaces de las alcaldías y Gobernación Norte de Santander, representantes de los municipios, personerías, vocales de control, veedores, Liga de Consumidores y usuarios.
RAFAEL ANTONIO CAMPEROS
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