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Suena alentador que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinara, aproximadamente, $ 20.000 millones para la construcción de alrededor de 1146 viviendas campesinas para la región de El Catatumbo, en Norte de Santander. Sin embargo, la cifra real de viviendas necesarias para la cobertura total de la carencia habitacional está rondando las 7566 unidades, de las cuales sólo 3600 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) están contempladas en el Documento Conpes (Estrategias de Desarrollo Integral de la región de E Catatumbo).
Es importante mencionar que en el sector urbano de la región de El Catatumbo el 30% de los pobladores habita en viviendas inadecuadas; el 40% no cuenta con servicios públicos apropiados y de calidad y, aún más grave, el 25% de los habitantes vive en estado de hacinamiento crítico.
La situación empeora preocupantemente en el sector rural. Casi el 50% de los habitantes vive con servicios inadecuados, mientras que el 30% vive en hacinamiento crítico y deplorable. Esta lastimera circunstancia es la fiel prueba de que en la región de El Catatumbo se vive en la extrema pobreza.
Ahora bien, si analizamos las cifras mencionadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la nota del 25 de julio de 2013 publicada en el periódico La Opinión, de Cúcuta, “Familias de El Catatumbo se beneficiarán con vivienda rural”, donde se asegura que los municipios que se favorecerán con las soluciones de vivienda campesina son: Ábrego con 148 casas, Convención (6), Hacarí (62), La Playa (110), Ocaña (183), San Calixto (3), Sardinata (257), Teorama (1) y Tibú (376). En esta misma nota se dice textualmente que con estas cifras “se le da cobertura total a los municipios de la región de El Catatumbo”.
Pese a esta última aseveración, no se pude creer que tan solo con asignar una vivienda en Teorama, seis en Convención, tres en San Calixto, etcétera, pueda quedar solucionado el déficit habitacional de los municipios de El Catatumbo -que han sido golpeados fuertemente por la violencia-. Muy seguramente, alguien dirá que la cobertura total está en proceso, toda vez que se están haciendo inversiones –presuntamente- en estas localidades, lo que tampoco es cierto. Los municipios de la región de El Catatumbo son 11 y, sin embargo, no se contempla El Carmen (segundo municipio más poblado de esta región) y El Tarra (afectado por elevados índices de violencia en los últimos años).
También es importante recordar que el 2001 fue la época en la que se registró y se perpetró una gran ofensiva por grupos al margen de la ley provenientes del Cesar y de Tibú, especialmente en El Tarra, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí y El Carmen. Esta arremetida fue por la disputa del control territorial y las riquezas de la región, pues el corregimiento La Gabarra, localizado en Tibú, era considerado como ubicación estratégica de las Farc y un importante centro de producción y fabricación cocalera en esta región.
Debemos solicitar respetuosamente a los congresistas del departamento, en un Frente Común, que exijan al Gobierno recursos adicionales diferentes a las regalías y las asignaciones del Sistema General de Participaciones (SGP), pues estos recursos le pertenecen por ley a Norte de Santander y no hay que hacer mucho alarde de lo que, por derecho propio, nos corresponde.
Si se contara realmente con esos recursos tan anunciados para ejecutar las soluciones de vivienda, la ciudadanía debe estar atenta, controlando y exigiendo que los recursos se ejecuten en su totalidad para evitar que este capital caiga en manos de la corrupción.
Con la probable inversión en la zona de El Catatumbo, con seguridad empezarán a surgir los conocidos y famosos compromisos “politiqueros”, donde se pueden definir por anticipado los destinatarios y los ejecutores de los recursos públicos, irrespetando los principios de las normas y anteponiendo el interés particular sobre el general. Esta situación se hace más factible pues estamos ad portas de la iniciación de las campañas políticas.
La comunidad nortesantandereana ha esperado lo suficiente. Es tiempo de luchar contra los fantasmas que aquejan nuestro departamento saliendo adelante y venciendo el atraso, batallando incansablemente contra el estancamiento, los índices de pobreza, los índices de endeudamiento, la fragmentación social, la ingobernabilidad y la desconfianza generalizada por culpa de la corrupción.
En otras palabras, necesitamos involucrar a la sociedad como actor determinante del buen funcionamiento de la democracia, con el fin de lograr una rápida construcción de equidad que garantice el desarrollo de la inversión pública en su pugna contra la pobreza.
No se trata de cuestionar al Gobierno, ni mucho menos demeritar las presuntas inversiones que se harán en materia de vivienda campesina. Se trata de propugnar por fortalecer nuestras instituciones con vocación de servicio público, en las cuales no existan funcionarios sino servidores públicos; que impere la ética pública entendida como el arte de elegir y decidir a favor de lo que conviene al departamento. Debemos pensar, cuestionar e incluso llegar a la autocrítica, en el sentido de que es hora de dejar de lado los odios, los rencores y el individualismo para tener una visión global de Norte de Santander. Estoy plenamente convencido de que juntos y unidos podremos enfrentar las adversidades.
FRANCISCO A. BERRIO M.
Ex-Secretario de Planeación Departamental de Norte de Santander
@faberriom
