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CÚCUTA.- En 1998, cincuenta y ocho personas fueron asesinadas en el Estado Táchira. Eran épocas en las que reinaba la tranquilidad, solo alterada por hechos comunes de una frontera que no duerme.
La victoria electoral lograda por el presidente Hugo Chávez, en 1999, abre la puerta no solo a un nuevo escenario político nacional, sino que da un giro radical en temas como inversión social, derechos ciudadanos y soberanía. Al tiempo los colombianos sufríamos la más cruel y oprobiosa estrategia violenta ejecutada por grupos paramilitares, en una clara y demostrada alianza con sectores de la fuerza pública, la clase política y el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Millones de personas fueron afectadas con el sofisma de la lucha contrainsurgente. Lo primero que hicieron en Norte de Santander fue asentarse en los principales municipios fronterizos: Tibú, Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander y Villa del Rosario, desde donde adelantaron un proceso de expansión a territorio venezolano, controlando las rutas de entrada por Boca de Grita-Orope-La Fría, Boca de Grita-Orope-Machiques y Ureña-San Antonio-San Cristóbal.
Más tarde, y como forma de afianzar lo logrado, crean un campo de entrenamiento paramilitar en zona rural de Puerto Santander, en donde los escogidos antes de ser enviados a Venezuela recibían instrucción militar en tácticas de guerra irregular urbana, conocían los símbolos patrios y el himno nacional y adquirían nueva cédula de identidad.
En poco tiempo, estos grupos operaban abiertamente y controlaban la totalidad de municipios a lado y lado de la frontera. Esta estrategia se convirtió en herramienta fundamental para el sostenimiento financiero, basado principalmente en las rentas ilegales que producían actividades arraigadas por décadas en la región, entre las que destacan el circuito de narcotráfico y las mafias dedicadas al contrabando.
Dicha situación cambió radicalmente el modo de vida y la tranquilidad en la región. Es así como durante el periodo comprendido entre 1999 y 2010, fueron asesinadas alrededor de 4000 personas en el Estado Táchira y cerca de 13.000 en Norte de Santander, lo cual constituye unas cifras escalofriantes que demuestran la inmensa capacidad de estos grupos criminales para hacer daño.
Han pasado 14 años desde el inicio de este plan metódicamente concebido desde la comandancia paramilitar y con participación de sectores del establecimiento colombiano como la policía secreta DAS, la seccional de la Fiscalía, los batallones militares acantonados en la frontera, algunas alcaldías y altos oficiales retirados y activos del Ejército, entre otros. Pero muy poco ha cambiado. A los grupos paramilitares que supuestamente hicieron una negociación de entrega al gobierno del presidente Uribe ahora los llaman bandas criminales, la mayoría de jefes de las mafias del contrabando y del narcotráfico hacen vida social en Cúcuta y San Cristóbal y el ascenso de prácticas ilegales de todo tipo no solo se mantienen, sino que han adoptado nuevas modalidades.
Es indudable que en donde la ilegalidad y la criminalidad se asientan es porque tienen las condiciones financieras y de seguridad garantizadas. Es así como, a través del tiempo y por la falta de acción unificada de los dos gobiernos para combatir la ilegalidad y solucionar los gravísimos problemas socioeconómicos de la región, estas mafias han logrado construir redes de apoyo en los organismos de seguridad y control en ambos lados de la frontera, además de una base social que les ha permitido su permanencia en la región, su desarrollo y aceptación general.
Son miles de familias dedicadas a cualquier tipo de actividad ilegal, que se constituyen en parte del sostenimiento de los grupos armados ilegales, producto de pagos de cuotas por territorio, seguridad o por todas, lo que también les permite muchas veces ejercer violencia homicida. También, se han detectado alrededor de 30 modalidades de contrabando. Adicionalmente, en la frontera entre Puerto Santander y La Fría existen cerca de 40 trochas de salida de estos productos; por las rutas de Ureña-Cúcuta y San Cristóbal-San Antonio-Cúcuta la extracción de productos se efectúa por rutas conocidas como corredores negros, en referencia a las arterias viales de la región. De manera que, mueven inmensas cantidades de dinero, dólares, pesos o bolívares, que les permiten ejercer un gran poder corruptor.
Estas personas habitan aquí y allá, pues poseen cédulas de ciudadanía colombiana y venezolana, así como, muchos para asegurar mayor impunidad usan dos identidades. De acuerdo con la modalidad del delito y con los controles del momento, llevan, traen o se quedan quietos por cierto tiempo. Sus lugares de residencia son principalmente Cúcuta, Villa del Rosario, Ureña, San Antonio y San Cristóbal.
Ejercen derechos políticos en ambos países y acceden a la oferta social del Estado, principalmente en Venezuela, por las facilidades y la gratuidad de los servicios. Sus ingresos dependen de las bondades de los programas sociales, desde las jornadas de naturalización, pasando por el plan alimentación, los subsidios y la calidad de los medicamentos y los insumos agrícolas, el acceso a dólares preferenciales, el envío de remesas a familiares y los incentivos económicos para quienes estudian en el exterior, entre otros, factores generadores de una cadena de posibilidades para ganar dinero de manera rápida e ilegal.
Pareciera lógico, que este alto número de personas tuviera algún tipo de simpatía hacia la Revolución Bolivariana, pero no es así, pues lo que ha quedado demostrado en los últimos procesos electorales de Venezuela, sobre todo en los estados fronterizos, es que estos sectores votan por la oposición. En general, las fuerzas del chavismo han perdido terreno político de manera paulatina. Muestra de ello es que en las últimas elecciones municipales, la oposición ganó 17 de 29 alcaldías del Estado Táchira, incluida su capital San Cristóbal.
Lo anterior, no tendría aparentemente ningún inconveniente, si no fuera porque en los últimos años se ha venido presentando un fenómeno de confluencia de actores e intereses cada vez más homogéneos, entre una parte de estos ciudadanos, las mafias al servicio del contrabando, los narcotraficantes, sectores corruptos gubernamentales y grupos armados ilegales.
Esta situación ha estado más claramente diferenciada desde que el gobierno del presidente Maduro tomó la decisión de implementar una serie de medidas de control a la especulación de precios en los establecimientos comerciales, a la corrupción pública y al contrabando en la frontera, esta última de común acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos. Políticas que han estado acompañadas de operativos in situ y que han llevado a golpear algunos sectores mafiosos que operan desde la frontera, lo cual ha ido exacerbando la indignación y el odio hacia el Gobierno y la revolución bolivariana.
En la actual coyuntura de violencia desatada por parte de pequeños grupos anarquistas, ‘pancasilos’ y de algunos sectores de la oposición, se ha observado con mayor claridad su confluencia, además de que han contado con apoyo directo de los alcaldes de Ureña, San Antonio y San Cristóbal; hechos violentos ocurridos, en los que el grupo paramilitar colombiano autodenominado ‘Los Urabeños’ ha participado directamente y obligado a decenas de familias que viven en sectores vulnerables del cordón fronterizo a salir a bloquear vías y a quemar llantas.
Esta es una situación compleja que amerita un conocimiento a fondo de estos fenómenos, en el propósito de diseñar estrategias que posibiliten comenzar a ganar el terreno perdido con la ilegalidad y la crisis social, pues en últimas, son los ciudadanos de frontera honrados y trabajadores, que son la inmensa mayoría, los afectados.
WILFREDO CAÑIZARES ARÉVALO
Fundacionprogresarcuc.blogspot.com
Marzo de 2014
