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BOGOTÁ.- El análisis de los desafíos derivados de la crisis migratoria venezolana revela un ecosistema de vulnerabilidad que afecta a miles de migrantes que residen en Colombia. Así lo señala el informe “Fronteras de Papel: el alcance del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos para el acceso a derechos”. El documento es resultado del estudio efectuado con participación de venezolanos radicados en Norte de Santander, Santander, Risaralda, Bolívar, Tolima, Cundinamarca y Nariño.
Esta realidad documentada en la investigación llevada a cabo por el Servicio Jesuita de Colombia (JRS/COL), organización presente en 58 países, y que se dedica a acompañar, servir y defender a desplazados por la fuerza, migrantes y refugiados, plantea una reflexión en torno a cuatro escenarios que representan pilares del desarrollo personal, social y económico de los migrantes venezolanos en el país, y que a los ojos de este informe, necesitan integrarse a las políticas de instituciones públicas y privadas en Colombia permitiéndoles acceder a salud, educación y trabajo.
En el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos se garantiza, entre otros derechos fundamentales, el acceso a trabajo formal, acceso a servicios de salud y acceso a la educación para quienes cuentan con Permiso por Protección Temporal y lo están tramitando. Desde su creación en 2021, por medio del ETPV se han regularizado alrededor de dos millones de migrantes, permitiéndoles reducir las brechas de desigualdad.
El padre Juan Enrique Casas, director del Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, dijo que, a pesar de la implementación del Estatuto, muchos se enfrentan a la discriminación y al desconocimiento de la norma por parte de empleadores, entidades financieras, comerciales y del sector público, limitando el goce de los derechos, lo que repercute, la mayoría de las ocasiones en la estabilidad de sus núcleos familiares.
“Se estima que el 51% de ellos tienen dificultades para conseguir empleo formal, lo que incrementa su vulnerabilidad económica y reduce las posibilidades de acceso a servicios de salud”, destacó el director.
Dificultades:
El informe destaca la feminización de la migración. El grupo con mayores dificultades para acceder a derechos son mujeres, especialmente entre 21 y 45 años.
Aunque el documento señala que el derecho con mayor acceso para esta población es la educación, se presentan barreras ligadas a la situación migratoria de los padres y las dificultades económicas, la exigencia del PPT en físico e incluso la negación de cupos escolares.
El acceso a la bancarización y a créditos es otra de las dificultades que enfrenta la población migrante en Colombia.
El análisis realizado por la organización invita al Estado y a la sociedad en su conjunto a dar una respuesta integral y coordinada para superar estas barreras.
