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Cúcuta, en los últimos años, se ha tugurizado. Los cerros periféricos muestran un panorama de pobreza envuelto en plásticos verdes. Los ranchos construidos a la mansalva son de tablas, con techos de cartón y pisos de tierra. En esas covachas solo pueden cohabitar la miseria, la estrechez, la desgracia y la desdicha.
En la ciudad ha prevalecido la informalidad en cuanto a vivienda. Hay estudios que señalan que casi el 70 por ciento de la ciudad se ha formado por ocupaciones ilegales. En los últimos años, la capital de Norte de Santander ha visto el nacimiento de 15 asentamientos.
Las acciones de hecho traen perjuicios para los afanados constructores artesanales, porque no miran la calidad de los terrenos, solo les importa tener un espacio para acomodar a la familia numerosa. Algunos de esos lotes están en zona de alto riesgo y después de las tragedias corresponde al municipio buscar soluciones para los damnificados.
Muchos irresponsables se aprovechan de las necesidades de esa población desvalida y venden los predios a sabiendas de que no es legal ese negocio. En Cúcuta hay carteles que promueven las ‘invasiones’, tienen oficina y en un disco compacto llevan grabados los terrenos para ofrecerlos a los incautos compradores.
“Eso queremos evitarlo y combatirlo”, dijo el secretario de gobierno del municipio David Castillo. Anunció que el gobierno local hará respetar la propiedad privada ante todo. “Los terrenos son privados, los del municipio fueron repartidos por otras administraciones”.
¿Hay especialistas en armar las invasiones? “Más que especialistas. Hay mafias que invaden terrenos para venderlos a otras personas”. De eso saben las autoridades judiciales, pero están maniatadas por las tutelas que no las dejan actuar para recuperar los lotes.
Los lugares objeto de ocupación ilegal son Nueva Esperanza (18 de enero), El Progreso (8 de febrero), Torcoroma (16 de abril), Nueva Esperanza (16 de abril), La Ínsula (17 de abril), Brisas de los Andes (11 de mayo), María Gracia (28 de mayo), Lote de la avenida 3 con calle 18, San Luis y Nueva Esperanza (reincidente).
Muchos habitantes de los asentamientos proceden de otras ciudades colombianas. Llegan desplazados por la violencia. El cordón de miseria y de descomposición está fuera del perímetro urbano. En los últimos años no ha habido control urbano. No ha habido planes de vivienda que favorezcan a la población. Hay una demanda para aplicar en materia de vivienda de interés prioritario.
A este problema se le añade la cultura de invasión de quienes han visto esta situación de descomposición social como negocio. El ‘urbanizador pirata’ aparece de la noche a la mañana. El presunto dueño del lote llega y distribuye el terreno. Comienza con una familia; luego, convoca a otros necesitados de techo hasta completar el cupo.
El engañado comprador, en el momento del desalojo, no tiene documentos para mostrarles a las autoridades municipales. Los timadores miran hacia los cerros para venderlos, porque están seguros de que no tendrán problemas, nadie los molestará de inmediato, aprovechan que son terrenos despoblados, pueden hacer lo que quieran y están lejos del alcance de las autoridades.
Más que la descomposición social, producto del desequilibrio económico, en los casos de ‘invasión’ de terrenos impera la falta de cultura.
La administración municipal tiene proyectada la construcción de millares de soluciones habitacionales. El compromiso lo adquirió el alcalde Donamaris Ramírez en la campaña y los cucuteños han reclamado el cumplimiento de esa promesa.
El objetivo de los proyectos es evitar que la ciudad se llene de tugurios. Pero la gente, por necesidad, busca la manera de armar cambuchos para vivir. Muchas veces, se ha encontrado que son negocios que forman personas para adquirir propiedad o tierras.
Los asentamientos han crecido. En el anillo vial no había nadie y ahora está poblado el cerro. En la medida que avanza el progreso la gente se mete.
Los ocupantes de hecho tienen y se dan los medios para llevar los servicios. Se encuentran regueros de mangueras, instalaciones piratas desde los postes de la energía. Después de cierto tiempo, si la autoridad no ha ejercido la función y no ha desalojado, las empresas empiezan a evitar lo que sería un robo de la luz, la energía o del agua.
Las empresas prestadoras de servicios públicos “tienen un grado de responsabilidad que habrá que analizar, para mirar de qué manera ponemos en conocimiento de las autoridades estas situaciones”, dijo el Personero de Cúcuta, Orlando Arturo Puentes.
Los procesos de desalojo acarrean problemas para los funcionarios que se ponen al frente del operativo. Cumplen el papel encomendado y actúan hasta poner en peligro la seguridad.
“El personal que asiste (a las diligencias) ha sido agredido y amenazado. Y el que está a cargo y firma, en este caso Luz Karime Coronel, también tiene sus amenazas y su miedo. Uno llega hasta donde se lo permitan, porque su vida es su vida. Yo me quiero mucho, tengo una familia. Las amenazas contra David Castillo (secretario de Gobierno) existen. Las amenazas contra Metrovivienda, existen”.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
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