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Expresión de una joven oriunda de este corregimiento, al momento en que los desmovilizados del Bloque Catatumbo de las Auc reconocieron el asesinato de su padre.
Reseña Histórica
Este corregimiento, perteneciente a Tibú, en Norte de Santander, está en la zona fronteriza con el estado Zulia (República Bolivariana de Venezuela), distante 57 kilómetros de la cabecera municipal y a 190 kilómetros de Cúcuta.
Los inicios colonizadores se remontan a los años 40, por intereses creados respecto a los trabajos de exploración petrolífera ejecutados por la empresa Western. Para esa época, encargados por esa firma, entraron los señores Ovalles y Mantilla para abrir la trocha y lograr la exploración de los primeros pozos en la vereda Kilómetro 60.
Al principio se llamó Puerto Barco, en honor al primer empresario petrolero de la región y, además, porque el primer medio de trasporte fue un barco por el río Catatumbo y que atracaba para recoger la producción agrícola de la zona, principalmente madera, banano, zapote, cacao, plátano y otros productos.
Para los años 60, el nombre cambió a La Gabarra, por el planchón que permitía cruzar el río. En 1968, se instaló el primer puesto de policía y solo hasta la década de los 80 llegó la energía eléctrica.
Génesis del conflicto
En la década de los 80, hicieron presencia en los alrededores del corregimiento las Farc-Ep, y, posteriormente, otras organizaciones subversivas, como consecuencia de la explotación indiscriminada del petróleo y el abandono estatal en perjuicio de la comunidad.
Hasta principios de la década de los 90, La Gabarra vivía en torno a cultivos agrícolas, el comercio y algo de ganadería. A partir de esa fecha, se multiplicaron de manera desmedida los cultivos de hoja de coca y la comercialización se convirtió en el modus vivendi de gran parte de los habitantes. En 1999, y ante el auge económico producto de la coca, La Gabarra contaba con 64 veredas y llegó a albergar a 25.000 habitantes.
Aun cuando continuaba la presencia subversiva, no existía violencia contra la población civil. En agosto de 1999, las fuerzas paramilitares incursionaron en la zona y como muestra del sometimiento y el amedrentamiento asesinaron con sevicia a 94 personas en un recorrido de muerte desde Carboneras hasta el caserío del corregimiento, en donde ejecutaron públicamente a 34.
Es necesario dejar en claro que si bien fue esta la primera masacre y muestra de terrorismo contra la población civil, no fue la única. Se calcula que desde esa fecha y hasta la desmovilización, el 10 de diciembre de 2004, fueron asesinadas vilmente cerca de 600 personas. Muchas, antes de morir, fueron sometidas a horribles torturas en las que familias enteras sufrieron mutilaciones a machete o con motosierra, incluyendo niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Se calcula que producto de este accionar paramilitar se desplazaron de manera forzosa cerca de 15.000 colonos y habitantes de esa región.
Producto de la violencia ejercida por el paramilitarismo y por la ausencia del Estado en toda su estructura, en la actualidad habitan en el corregimiento no más de 8000 personas, reorganizándose comunitariamente en 35 veredas. Buscan con ello la presencia estatal primaria, como es la prestación de atención en salud, educación y servicios públicos mínimos. Reorganización comunitaria que ha sido por la presencia de la cooperación internacional y de algunas instituciones.
En esta génesis de la violencia es oportuno manifestar que además de los grupos insurgentes Farc-Ep, Eln y Epl, también hacen presencia las mutaciones del paramilitarismo conocidas como ‘Águilas Negras’, ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’, y que el Estado ha denominado bandas criminales.
Reorganización social comunitaria
Los artículos del 49 al 53 de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) definieron la creación de una entidad que tuviera como política pública principal la atención, asesoramiento y acompañamiento a las víctimas del accionar paramilitar y luego de las víctimas del conflicto armado en general.
Así nació la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) estructurándose como cuerpo colegiado integrado por cinco representantes de la sociedad civil, dos de las víctimas, uno de la Vicepresidencia de la República (quien la preside), el Procurador General de la Nación o su delegado, los ministros del Interior, de Justicia y Hacienda y Crédito Público o sus delegados, el Defensor del Pueblo y el director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, quien ejerce la Secretaría Técnica.
En el funcionamiento territorial existen, entre otras, una sede regional que funciona en Bucaramanga y una subsede en Cúcuta. Por medio de estas oficinas se organizó la comisión interinstitucional para brindar acompañamiento, asesoría jurídica y sicológica, reorganización social y, sobre todo, crear un mínimo ambiente de confianza en la institucionalidad. Concurrieron, además de la CNRR, la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Tibú, la Diócesis de Tibú, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, MAPP-OEA, la Fundación para el Desarrollo y Salud Rural y la ONG Compromiso.
Producto de los conversatorios, talleres y espacios de discusión, la CNRR incluyó entre sus programas el Plan de reparación colectiva de La Gabarra, teniendo en cuenta cinco tópicos:
1.- La rehabilitación comunitaria.
2.- La recuperación de la capacidad productiva.
3.- La restitución de bienes colectivos.
4.- La recuperación de la institucionalidad y garantía de no repetición.
5.- La reparación simbólica, memoria histórica y dignificación de las víctimas.
Estos tópicos de reparación colectiva deberían estar entrelazados con la prestación estatal de educación, salud, economía y tejido social.
Partiendo de estas experiencias y con la metodología que se desarrolló, permitiendo que la comunidad tuviera sus iniciativas, se generaron dos proyectos:
1.- El plan de vida de La Gabarra.
Como principal matriz se convocó a los presidentes de las juntas comunales, líderes sociales y representantes étnicos, de los centros educativos y de las instituciones participantes para que analizaran las formas de duelo y alivio por la historia de dolor vivida y con miras a la búsqueda de mejorar las condiciones de vida, comprometiendo al Estado como tal. El primer párrafo del documento es el siguiente:
– Hoy, cuando día a día organizaciones estatales y no estatales se acercan a la zona, encontramos alivio frente a la historia de dolor. Sin embargo, los problemas de fondo, aquellos que corresponden a la responsabilidad del Estado se marcan con mayor fuerza por un abandono estatal, que aunque es una queja permanente en muchas regiones del departamento y el país, en esta zona se hace más evidente, (SIC).
El enfoque, las pretensiones y el espíritu del documento base fueron iniciativa de los representantes de la comunidad gabarrense, que participaron en el ejercicio.
En el Plan quedaron plasmadas fortalezas, necesidades y posibles alternativas de solución para la reconstrucción del tejido social, fortalecimiento de la calidad de vida en aras de empezar a desarrollar los tópicos de rehabilitación comunitaria, restitución de los bienes colectivos, formación y recuperación de la capacidad productiva, recuperación de la institucionalidad y garantías de no repetición y propendiendo por la dignificación de las víctimas. Quedaron pendientes la reparación simbólica y la memoria histórica.
Se diagnosticó el estado de las vías, salud, educación, saneamiento básico, formación y organización comunitaria y medio ambiente, entre otros aspectos.
Se determinó la necesidad identificada y se definió el compromiso de la comunidad y del Estado. El conjunto de necesidades se presentó a las comunidades para la aprobación en el Festival por la vida y las víctimas. Una vez aprobado, la comisionada Ana Teresa Bernal y representantes de la comunidad lo entregaron a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio del Interior.
2.- Plan de reparación colectiva de La Gabarra
En el ejercicio inicial se abordaron los cinco tópicos por lo que es importante presentar un esbozo de cada uno para permitir una mayor comprensión.
a) Rehabilitación Comunitaria. Partiendo de las experiencias de la comunidad, se trazó una ruta para lograr un mínimo vital frente a este tópico brindando acompañamiento sicosocial, pedagogía del perdón, diálogos sectoriales para la solución de controversias, atención especial a víctimas de violencia sexual teniendo en cuenta la capacitación en derechos sexuales, salud sexual y reproductiva. Todo, esto en aras de lograr la recuperación mínima del tejido social.
b) Recuperación de la capacidad productiva. A petición de la iniciativa comunitaria comenzó la gestión para crear fondos de proyectos productivos, la reorganización del comercio de bienes y servicios y, principalmente, la búsqueda de la comercialización de productos agrícolas y pecuarios en los municipios aledaños nacionales y fronterizos. Por iniciativa de género se buscó asesoría internacional para la creación de un centro de fomento de trabajo femenino y se trató el tema de crear un centro para la formación no formal.
c) Restitución de bienes colectivos. Como antes de la violencia paramilitar existían medios de organización colectiva (cooperativas, asociaciones y demás), se generaron actividades propias y ante los victimarios para lograr la recuperación de maquinaria agrícola, de procesamiento de alimentos, de generación de energía, al igual que predios colectivos para la explotación rural, medios de recreación y, en general, herramientas mecanizadas de trabajo hurtadas por los paramilitares. No se ha logrado recuperar de manera física muchos de los bienes descritos.
d) Recuperación de la institucionalidad y garantía de no repetición. Este tópico no ha logrado un desarrollo real. Si bien es cierto regresó la Policía y cumplió una petición de la comunidad en cuanto a no comisionar agentes que hubieran prestado servicio en la localidad durante la incursión paramilitar, no existe confianza entre la comunidad y la Policía y entre la comunidad y el Ejército. La institucionalidad, representada en el ente territorial, departamental y nacional, no ha brindado de manera continua presencia, ejecución de planes, proyectos, obras que permitan el desarrollo real de la comunidad. Por el contrario, debido a una costumbre antigua, existe desidia institucional, lo que no ha permitido que se dé actitud alguna de confianza entre la institucionalidad civil y la comunidad.
e) Reparación simbólica, memoria histórica y dignificación de las víctimas. Es importante resaltar que entre las actividades acordadas (construcción de un parque y la fuente de la vida, la creación de un museo histórico de La Gabarra y la divulgación institucional de la verdad) no se han dado muestras de iniciar el cumplimiento de la promesa por parte de la institucionalidad. Sin embargo, se logró del 17 al 24 de septiembre la organización del VII Festival por la vida y las víctimas, pero por iniciativa de la comunidad, de la parroquia y con la participación de algunas entidades.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presentó el plan de reparación colectiva de La Gabarra, en el que se profundiza sobre los medios de rehabilitación, incidencia estatal, superación de la pobreza, diseño y definición de garantías de no repetición, el cual sería tema de otro aporte.
Valoración
De manera concreta consideramos adecuado hacer un alto en el camino con el propósito de valorar los logros y las debilidades de este proceso. En este sentido tenemos:
1.- Mayor voluntad política institucional en lo municipal, departamental y nacional frente a los compromisos adquiridos para dignificar la comunidad del corregimiento La Gabarra, como parte obligatoria del Estado y como parte de reparación por los vejámenes como consecuencia de la violencia paramilitar.
2.- Cumplimiento real, en beneficio de la comunidad, de las medidas de rehabilitación, satisfacción, de no repetición y de reparación integral de la que habla la Ley de Víctimas.
3.- Acompañamiento permanente a la comunidad para garantizar la no repetición de la violencia generada por la ineficacia del Estado.
4.- Elaboración de una estrategia de atención sicosocial con cuatro programas específicos:
a) Colectivo para superar las afectaciones directas de los actores armados.
b) Terapias grupales a colectivos, para superar la destrucción del tejido social, la desconfianza y la pérdida de liderazgo.
c) Acercamiento y restablecimiento de la confianza entre población y Fuerza Pública.
d) Atención especializada a la mujer (violadas, desmovilizadas, etcétera) y a los hijos de mujeres violadas o huérfanos.
5.- Diseño e implementación definidos con la comunidad que preserven la memoria histórica del corregimiento en todas sus dimensiones.
Conclusión
Sin el desarrollo real y efectivo de los compromisos estamos seguros de que no lograremos la reconciliación de la comunidad gabarrense, respecto a la sociedad, ni conseguiremos generar la confianza mínima con la institucionalidad. Por lo que solo nos resta repetir las palabras de la joven gabarrense: ¿Habrá esperanza?
GERARDO RINCÓN USCÁTEGUI
Egresado Unilibre–
Coordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Norte de Santander
