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CÚCUTA.- Tres niños transportados por un adulto en una motocicleta, es una evidencia de las pocas medidas de seguridad que se aplican en la ciudad. Lo mismo ocurre con los vehículos. Además, la falta de reductores de velocidad en zonas escolares y la señalización nula para los conductores agravan el problema en Cúcuta.
El transporte escolar es un asunto olvidado, o de escasa importancia en la ciudad, a pesar de que es parte de la vida diaria. El Estado solo cumple con establecer normas de Tránsito específicas, pero no se hace cargo de percatarse de que sean cumplidas en los colegios.
El Ministerio de Educación estableció que “no es competencia del MEN (Ministerio de Educación Nacional) realizar procesos de contratación ni llevar a cabo procesos de veeduría en el servicio de transporte escolar”. Es por esto que son los niños los que se ven obligados a movilizarse en medios no legales ni seguros.
En Colombia hay una normativa de transporte escolar y de menores de edad, pero pareciera no existir. Los encargados de prestar el servicio rompen las leyes a diario arriesgándose ante la excusa de la mala economía. Y aunque los policías están para hacer cumplir las disposiciones, la situación no mejora y, por el contrario, empeora.
Es común ver motociclistas con tres niños atrás. En estos casos, los pequeños deben arriesgarse a viajar en un trasporte en el que la única seguridad es aferrarse a quien está delante. La dificultad aumenta al tener que cargar los bolsos.
Aunque este medio de trabajo tomado por muchos cucuteños sea sancionado, no es suficientemente controlado. Mientras las cifras de multas crecen y el dinero en los bolsillos de los ciudadanos disminuye, el peligro para los niños continúa cada día.
Este es un problema para añadir a la endeble educación colombiana que reciben los niños. Es un tema que no es de interés para el gobierno ni las instituciones educativas. “Se considera que cada quien toma su servicio de transporte. Esa responsabilidad se ha descargado sobre las familias”, dijo Rafael Villamizar, coordinador del Instituto Técnico María Inmaculada.
Los padres de familia deben financiar la movilidad de los hijos. Con la necesidad del ahorro toman medidas desesperadas que ponen en riesgo la integridad física de los menores. En muchos casos, la economía termina con niños transportados en motos que no tienen los documentos al día y vehículos en malas condiciones técnico-mecánicas.
El artículo 84 de la Ley 769 de 2002, respecto al transporte, establece que “Los estudiantes ocuparán cada uno un puesto, y bajo ninguna circunstancia se podrán transportar excediendo la capacidad transportadora fijada al automotor, ni se permitirá que éstos vayan de pie. Las autoridades de Tránsito darán especial prelación a la vigilancia y control de esta clase de servicio”.
Un automotor tiene capacidad para cuatro pasajeros y el conductor; sin embargo, es común ver hasta siete niños. Unos sentados en las piernas de los otros, apretujados con las maletas de estudio. Esta situación complica de manera notoria el cumplimiento de otras normas, como el uso del cinturón de seguridad, al no existir uno para cada niño.
En el transporte público legal la situación no mejora para los estudiantes. La mayoría de los colegios inician clases a las 6:00 de la mañana y las terminan a las 12:00 del día. En esos horarios, las busetas se llenan más allá del tope, por la cantidad de estudiantes. Esto es un detonante para los accidentes de tránsito y la mayoría de las vidas en peligro corresponde a menores de edad.
Establecer rutas de transporte escolar, buses sólo dedicados a llevar y traer a los niños suena a un sueño para cualquier padre colombiano y estudiante. “Muchos padres de familia no tienen cómo llevar a los hijos y deben pagar transporte”, dijo Carlos Iván, padre de estudiantes.
El transporte es costoso, peligroso y ocasiona muchos accidentes. Los buses van llenos y el sobrecupo es evidente. Según cifras establecidas por ENDE (Encuesta Nacional de Deserción Escolar) en Colombia han dejado los estudios en algún momento el 6,7 % de la muestra poblacional. En Cúcuta la cifra supera la nacional, con el 9,3 % de estudiantes que ha abandonado la educación.
De esta cantidad de desertores, el 39 % asegura que el colegio queda lejos del hogar. Algunas instituciones no cuentan con bachillerato, por lo que tendrían que movilizarse a otros lugares. Las condiciones de los establecimientos educativos provocan el 19 % de la deserción.
En voz a voz de los cucuteños, se comentan que la disminución del precio en el transporte público para los estudiantes sería buen punto para que el Gobierno le dé solución al problema.
Tantos inconvenientes en la movilidad disminuye en los estudiantes el ánimo para asistir a clases. En una ciudad con problemas económicos, donde los hogares pasan situaciones complicadas para suplir las necesidades básicas, el transporte es una carga. Hay casos en los que para muchos padres y niños la mejor opción es la deserción escolar.
Es una complicada situación que les compete a padres de familia, colegios, Gobierno, estudiantes y policía. Se hace necesaria una verdadera atención al transporte escolar irregular, pero que no sólo se emitan nuevas normas para cumplir, sino que los comprometidos con ese asunto las conozcan. Se deben tomar acciones reales de cambio para conservar la vida de los niños y mantener viva la ilusión de educarse.
INGRID TIBISAY JAIMES – LEIDY KATHERINE JAIMES
Estudiantes de Cmnicaicón Social
Universidad de Pamplona
Campus de Villa del Rosario
