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En los últimos 20 meses de gobierno del alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez, del gobernador Silvano Serrano y del presidente Iván Duque, 22 líderes sociales han sido asesinados en Norte de Santander, de los cuales 6 ocurrieron durante el primer semestre del 2021: William Rodríguez, Gertrudis Hernández y Eliécer Sánchez, en Cúcuta; Nilson Rodríguez, en Tibú; Nelson Galván, en Hacarí, y Jean Carlos Rodríguez, en El Carmen.
Según el Observatorio de derechos humanos de la Fundación Progresar, durante este período, se han cometido 8 masacres que han dejado 36 víctimas, 249 personas fueron desaparecidas de manera forzada, 6283 fueron desplazadas de sus territorios y 176 defensoras de derechos humanos recibieron algún tipo de amenaza por parte de grupos armados ilegales que, en algunas regiones como el área rural de Cúcuta, actúan con total impunidad.
Hemos denunciado de manera reiterada la presencia y los hechos de violencia cometidos en contra de la población civil, las comunidades y organizaciones por parte de paramilitares que se han identificado como gaitanistas, quiénes anunciaron su llegada al área rural de Cúcuta el 14 de diciembre y continúan su proceso de expansión en el área metropolitana, presencia y accionar que en ocasiones ha sido negado por autoridades civiles y organismos de seguridad, así como las emergencias
humanitarias desatadas como consecuencia de los enfrentamientos entre paramilitares y las guerrillas del ELN, reflejados en masacres, desplazamientos individuales y colectivos, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento forzado, amenazas en contra de líderes y lideresas sociales y acciones de control social en estos territorios.
Respecto a la violencia hacia la mujer el panorama pasa de vergonzoso a desalentador. Ser mujer en Norte de Santander se ha convertido en un factor de riesgo en el departamento. En los dos últimos años las mujeres se han visto violentadas en delitos de lesa humanidad como desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y agresiones sexuales. Así como también feminicidios, señalamientos, estigmatización, trata de personas con fines de explotación sexual. Se presentan barreras constantes para acceder a la protección de sus derechos con el enfoque correspondiente, sobre todo en los territorios donde se registran fuertes confrontaciones bélicas, donde hay presencia y accionar de grupos armados, tanto legales como ilegales, identificando una fuerte violencia estructural.
Según el boletín 4 del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, en el periodo del 1 de enero al 21 de julio del 2021, se han registrado 193 víctimas de Violencias Basadas en Genero – VBG a nivel nacional, de las cuales el 41 % de las mujeres víctimas son de nacionalidad venezolana y el 59 % restante corresponde a mujeres de nacionalidad colombiana. De los cuales en Norte de Santander se registra
el 3 % de VBG, para el cual, en Cúcuta, registra el 58 % de estas violencias, seguido de Villa del Rosario con el 9 % y Los Patios con el 2 %.
En medio de esta dramática situación es que los defensores de derechos humanos efectuamos nuestra legítima labor de defensa de los derechos humanos en Cúcuta y Norte de Santander, la cual es agravada por los continuos señalamientos y No más violencia en el área rural de Cúcuta y en Norte de Santander, estigmatizaciones realizadas por autoridades locales y regionales en contra de líderes y lideresas sociales, a quienes acusan de ser “enemigos de las instituciones” o como en el caso del vil asesinato del compañero Eliécer Sánchez, “de asistir a una reunión con la
guerrilla”.
Hacen pronunciamientos públicos para, según ellos, desmentir los “ataques” contra los defensores de los derechos humanos, cuando estos hacen públicos los graves hechos de violencia socio política que ocurren en el departamento, todo para ocultar la inacción gubernamental, la falta de voluntad y ausencia de compromiso institucional en el control a la criminalidad y a los grupos violentos y en otros casos la connivencia gubernamental.
En este sentido, solicitamos a las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, cuerpo diplomático y sistema de Naciones Unidas, escuchen este clamor y exijan al Estado colombiano y a otras entidades:
1.- Que, de forma inmediata la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación cumplan responsablemente su labor y entreguen resultados concretos de judicialización de toda la estructura y mandos de los autodenominados “gaitanistas”, incluyendo los delitos y faltas por aquiescencia, tolerancia y apoyo de funcionarios públicos a estos grupos.
2.- Que, el Ministerio Público haga un llamamiento enérgico y concreto al Gobernador de Norte de Santander y Alcalde de Cúcuta para que entreguen información sobre las labores y medidas tomadas desde el año 2020 para frenar esta situación de violencia y las orientadas a que no se repitan estos hechos.
3.- Que, la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de su poder preferente inicie investigaciones independientes y con presentación de resultados públicos sobre los hechos de tolerancia, aquiescencia y apoyo por parte de unidades de la Policía y Ejercito Nacional con grupos armados en el departamento de Norte de Santander.
4.- Que, las Inspecciones Generales del Ejército y la Policía Nacional inicien investigaciones independientes y con presentación de resultados públicos sobre los hechos de tolerancia, aquiescencia y apoyo de unidades de estas entidades con grupos armados en el departamento de Norte de Santander.
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo despliegue de forma inmediata y urgente un número amplio de defensores comunitarios, funcionarios del sistema de alertas tempranas y de las delegadas correspondientes para que atiendan en zona rural de Cúcuta y del Catatumbo las necesidades de denuncia de la población civil y verificación de la situación descrita.
