Contraluz.CO Sólo Periodismo
Artículos relacionados
CÚCUTA.- La presencia de diversos actores en el Área Metropolitana de Cúcuta y en la zona de frontera ha sido notoria desde mediados de los años 90. Principalmente, de las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl, que aprovecharon esta región como una retaguardia de abastecimiento logístico, financiero y de atención médica para sus combatientes.
Las Farc tuvieron presencia por medio de los frentes 10 y 45, asentados en Arauca. El Epl hizo lo propio con el frente ‘Libardo Mora Toro’. El Eln, con los frentes ‘German Velasco Villamizar’ y ‘Juan Fernando Porras’.
Hacia finales de la década del 90 se presentó la incursión de las Auc en el departamento, específicamente en Tibú. Pero fue a mediados del 2000, cuando comenzó su proceso de expansión territorial que incluyó el Área Metropolitana de Cúcuta y los municipios venezolanos San Cristóbal, San Antonio del Táchira, Pedro María Ureña, Boca de Grita y Orope.
Meses después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, ocurrida en Tibú, el 10 de diciembre de 2004, se conformaron grupos armados liderados en su mayoría por exmiembros de esta organización, que engrosaron, inicialmente, las filas de ‘Las Águilas Negras’ y luego ‘Las Autodefensas Nortesantandereanas’ y el ‘Bloque Fronteras’, que concentraron su accionar en Cúcuta, Puerto Santander, Los Patios, El Zulia y Villa del Rosario.
Esta misma situación se presentó en varias regiones del país, que veían cómo nuevos actores armados llegaban al territorio, creando oleadas de violencia. En Norte de Santander, por ejemplo, se verificó la existencia de estructuras armadas ilegales ubicadas en corredores relacionados con el narcotráfico. Estas estructuras se encontraban en proceso de expansión y control de territorios y poseían el potencial de convertirse en unas organizaciones de mayores dimensiones (**).
Así, a mediados de 2007, incursionaron ‘Los Rastrojos’ en el Área Metropolitana de Cúcuta y en la frontera, como consecuencia del traslado a Venezuela del reconocido narcotraficantes Wilber Varela, alias ‘Jabón’, asesinado en Mérida a finales de enero de 2008.
Ese mismo año, el gobierno colombiano reconoció la existencia de esas agrupaciones, a las que denominó ‘bandas emergentes’ y les declaró una ‘lucha frontal’. A pesar de estos esfuerzos, la situación en las regiones abandonadas por las Auc siguió siendo difícil. Según el 8° informe entregado al gobierno colombianos por la MAPP-OEA, en febrero de 2007, “en Norte de Santander junto a Putumayo, Arauca, Nariño, Urabá chocoano, costa pacífica valluna y sur del Cesar, las poblaciones no perciben una mejoría en las condiciones de seguridad y la presencia de las instituciones del Estado continúa siendo débil, lo que posibilita la incursión de grupos armados ilegales, estructuras ilegales y la permanencia de economías ilícitas”, tal y como ocurrió más tarde con la incursión de ‘Los Urabeños’, que desató una feroz guerra contra ‘Los Rastrojos’, con el objetivo de desalojarlos de Cúcuta, Villa del Rosario y la zona fronteriza, dejando a su paso decenas de asesinatos y desaparecidos.
Esta guerra fue advertida mediante la distribución de panfletos y grafitis firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que anunciaron su “traslado hasta este rincón fronterizo para combatir y cumplir nuestra misión”. La pugna entre estos dos grupos ilegales se ha mantenido en el tiempo y se ha ido desplazando a distintos municipios del Área Metropolitana de Cúcuta.
Frente a este panorama, llama la atención la persistencia de los enfrentamientos y las disputas violentas en el Área Metropolitana cucuteña, antiguo territorio abandonado años atrás por las Auc, que ha visto cómo el recrudecimiento de la violencia está ligado a la ausencia del Estado colombiano que ha hecho muy poco por tener una pronta, eficaz y permanente presencia.
El trasfondo de la lucha por el control de la frontera por parte d estos grupos armados nacionales e internacionales (mexicanos y hondureños) es la de apropiase de u mercado ilegal que garantiza altísimos niveles de rentabilidad e impunidad, sin importar el costo de una violencia que, en los últimos 11 meses, ha dejado 5977 asesinatos en el Área Metropolitana, según cifras del INML y CF, de los cuales, 5007 ocurrieron en Cúcuta.
Dada la gravedad de los hechos, en marzo del 2013, la Fundación Progresar hizo pública una Acción Urgente para llamar la atención de las autoridades regionales y nacionales con respecto a los enfrentamientos entre los grupos ilegales ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, sin obtener respuesta alguna.
En los últimos años se han conformado algunas bandas delincuenciales locales conocidas como ‘Los Canelones’, ‘Los Carteludos’, ‘Los Diablos’ y ¿los Cebolleros’, que se han dedicado a controlar actividades como el contrabando, el microtráfico, las extorsiones, las rutas del narcotráfico, el tráfico ilegal de personas y el robo de vehículos, al tiempo que se ha denunciado la presencia en estos territorios del Ejército Popular de Liberación, cuya reciente llegada, al parecer, se hace evidente por los panfletos distribuidos en algunos asentamientos del área urbana de Cúcuta, El Zulia y Villa del Rosario.
Todos estos grupos complementan un universo diverso y abundante de actores ilegales con presencia más o menos permanente, en esta parte de la frontera colombo-venezolana. Todos poseen territorios vedados para los adversarios, adelantan acuerdos, conviven y combaten.
Esta compleja situación de violencia social y política se agravó con la decisión tomada por el gobierno venezolano, el 15 de agosto de 2015, en cuanto a cerrar la frontera con Colombia y decretar, seis día después, en cinco municipios del estado Táchira, Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia y adelantar una gran operación militar en la frontera con el objetivo de localizar asentamientos humanos ilegales, grupos paramilitares y mafias del contrabando, lo que llevó a la expulsión, deportación y retorno voluntario de miles de colombianos, muchos de ellos sin legalizar su permanencia en el vecino país.
Los fuertes operativos de control y registro desarrollados durante varios meses, después del cierre fronterizo, trajo como consecuencia el regreso a los municipios colombianos Puerto Santander y a las áreas rurales de El Zulia, Cúcuta y Villa del Rosario, de grupos armados, como ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, que tiempo atrás habían decidido llevar a cabo sus actividades ilegales a partir del territorio venezolano.
Estas empresas criminales desarrollan distintas formas de operación, prestan servicios de seguridad a otras actividades ilegales, tienen oficinas de cobro y sicariato, efectúan alianzas transitorias o estratégicas, muestran gran capacidad de adaptación a las respuestas de persecución gubernamental y tienen, mediante la reorganización, renovación y traslado de hombres y armas, un importante poder para asimilar golpes recibidos. Además, operan y controlan de manera coincidente las mismas zonas y territorios en donde desarrollan sus prácticas criminales los grupos de autodefensa o paramilitares, sitios estratégicos por su privilegiada ubicación que, en su totalidad, hacen parte del corredor fronterizo Táchira – Norte de Santander.
Según los reportes de la Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en más de tres décadas de violencia social y conflicto armado, por lo menos 340.000 de estas han registrado hechos de violencia en su contra en el departamento, las cuales el 33,5 % habita en los municipios del Área Metropolitana de Cúcuta.
Según el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Social y Política de la Fundación Progresar, durante el periodo comprendido entre 2005 y 2016 se cometieron 631 actos atribuibles directamente a grupos surgidos posdesmovilización de las Auc, como ‘Las Águilas Negras’, ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’, de los cuales 349 fueron homicidios, 42 enfrentamientos con la fuerza púbica colombiana y venezolana, 11 desapariciones forzadas y 18 amenazas individuales y colectivas, entre otros.
(*) Apartes del informe ‘Una mirada local al crimen organizado en la frontera colombo-venezolana’, presentado por la Fundación Progresar.
(**) Séptimo informe de la MAP – OEA, 30 de agosto de 2006
