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La madrugada del 29 de enero será inolvidable para Anastasio Ramírez y otras tres familias cucuteñas. A las 5:00 de la mañana, fuerzas del Estado interrumpieron el sueño de los habitantes de los cuatro hogares para leerles los derechos a Yurgen Gabriel Álvarez, Adolfo León García, Jair Adolfo Ramírez y Roque Caballero Caballero. Detenidos de inmediato con fines de extradición.
A partir de ese momento comenzó el calvario para los indiciados de lavado de dólares, haber enviado a Puerto Rico 40 toneladas de cocaína, enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos. Los cuatro hombres, un pimpinero, un mecánico, un trabajador informal y un ganadero, desde entonces pasan las horas en la cárcel La Picota (Bogotá) a la espera de la orden para ser embarcados hacia la isla centroamericana.
Entre tanto, en Cúcuta los familiares también viven el viacrucis, porque están plenamente seguros y convencidos de que es un error y una confusión lo ocurido. A tres de los comprometidos en el caso, en distintas ocasiones y en diferentes lugares, se les perdieron las cédulas de ciudadanía colombiana. Por ahí puede ser la equivocación de las autoridades judiciales nacionales e internacionales.
Anastasio Ramírez es el padre de Jair. En los últimos 18 días ha sentido que se le han agudizado las enfermedades por la ausencia del hijo, a quien vincularon al proceso porque tiene ferreterías, salones de belleza, trituradoras y una industria de construcción de casas y edificios en el país.
Esas acusaciones las rebate con sentimiento de padre. “Es un hombre bueno, un hijo espectacular, un gran padre de familia de 44 años, trabajador en el campo de los cárnicos. Tiene una procesadora de viriles de toro en sociedad con un amigo. El que los compra los envía a Japón para hacer juguetes para los perros”.
En procura de ayuda para la defensa de los cuatro hombres apareció en la Gobernación. Cubre la cabeza con un sombrero y luce una camiseta con el nombre de Jair Adolfo, una fotografía y el categórico ‘inocente’. “El origen del enredo es un error. A tres se les ha perdido la cédula, de pronto es por ahí la cuestión”.
Desde La Picota Jair Adolfo lo llama más o menos día por medio. En la conversación se muestra sereno y le trasmite ese estado de ánimo al papá, porque sabe que está enfermo y tiene muchos problemas de salud. Le dice por teléfono, `tranquilo papá, no debo nada, si hay justicia, tengo que salir rápido’.
Esas palabras sirven para sobrellevar la vida en el hogar, donde lo aguardan la esposa y tres hijos. Otra hija se casó y está en China. El esposo trabaja allá y ella estudia la lengua. Otra acusación que pesa sobre Jair es que recibe grandes cantidades de dólares de ese país oriental. La verdad es al revés, porque “de vez en cuando le manda (a la hija) 50 o 100 dólares”. El plante con el que trabaja en Cúcuta está conformado por $ 80 millones del papá y $ 70 millones que aportó la mamá para conformar una pequeña sociedad en una finquita en San Faustino, dividida en tres partes iguales.
El recuerdo que tiene Anastasio del momento de la captura es la toma por asalto de la casa, en un operativo “como si se tratara de un capo o de una persona peligrosa”. Está tranquilo y tiene la seguridad de que el hijo va a salir de esto, “porque no tiene nada que ver con lo que lo acusan”.
Los otros tres indiciados son un vendedor de gasolina en Atalaya, un trabajador de Termotasajero y un rebuscador de la vida. “Son mucho más pobres que él. No tienen nada que ver. Es algo a lo que no le encuentro ninguna explicación. Hay que esperar a ver qué pasa”.
Por ahora, Anastasio no tiene resentimientos de ninguna naturaleza. Cree que es una injusticia que se ha cometido con los cuatro hombres. Espera que el Gobierno los defienda y los ayude. “No tenemos con qué pagar la defensa”. Han sentido apoyo de defensores de derechos humanos, la Procuraduría y Sintragasolina. “Estamos trancando la extradición”.
Los ruegos de los familiares de Yurgen Gabriel Álvarez, Adolfo León García, Jair Adolfo Ramírez y Roque Caballero encontraron eco en el gobernador Edgar Díaz, quien les solicitó al presidente Juan Manuel Santos, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía y a la Oficina de Asuntos Internacionales analizar este caso.
De acuerdo con el jefe de la administración departamental “son personas de cuyo humilde trabajo derivan el sustento de sus hogares, de escasos recursos económicos, trabajadores y que no presentan antecedentes judiciales”. El Gobernador le pidió a Santos que antes de autorizar la extradición estudie los casos para no incurrir en situaciones similares a las conocidas en el país y que han generado perjuicios a familias humildes.
RAFAEL ANTONIO PABÓN
Foto: www.contraluzcuucta.co
