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La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo es un espacio de articulación en el que confluyen los distintos procesos sociales y comunitarios de la región de El Catatumbo, conformado en 2018 en la búsqueda de respuestas humanitarias a la grave crisis social, política y económica de la región del Catatumbo a raíz de la agudización del conflicto armado. Este espacio es acompañado por Defensoría del Pueblo, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la comisión diocesana de reconciliación y paz de la iglesia católica.
Las causas de la crisis social humanitaria que vive El Catatumbo obedecen a una serie de factores estructurales de fondo con antecedentes históricos que no se reducen a la actual confrontación armada entre el Eln y el Epl, los cuales deben ser resueltos de acuerdo con las realidades sociales, económicas, políticas y demás relacionadas.
Ante esa situación, la Comisión presentó las siguientes propuestas:
1.- Que las organizaciones alzadas en armas que hacen presencia en El Catatumbo hagan manifiesto el compromiso de suspender hostilidades que afecten a la población civil, se respete sin excepción a líderes sociales, defensores de derechos humanos y juntas de acción comunal, y se reconozca el acuerdo de paz con las Farc-EP, como mecanismo para avanzar en la búsqueda del cierre definitivo del conflicto armado mediante el diálogo.
2.- Como medida de urgencia solicitamos al Gobierno y al Gobernador que permitan conformar una Comisión Humanitaria con la Comisión Diocesana de Reconciliación y Paz de la Iglesia Católica, y que la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo sea facultada para buscar mínimos o acuerdos humanitarios que sustraigan a la población civil del conflicto armado. Así mismo, instamos a la comisión de paz del congreso a que acompañe los escenarios de dialogo social en la región y que permitan formular mecanismos alternativos que mitiguen los impactos del conflicto armado en Catatumbo.
3.- Solicitamos al Gobierno, al Gobernador y a los alcaldes el inicio de diálogos regionales de paz, siguiendo el modelo de diálogos útiles aplicado en 2017 y 2018 desde el Consejo Departamental de Paz, que permitan despejar el camino del diálogo nacional por la paz con las organizaciones alzadas en armas y garantizar el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y a su vez la consecución de la paz completa.
4.- A la Gobernación y las alcaldías identificar a familias que por la crisis humanitaria no pudieron cumplir obligaciones de crédito a tiempo con instituciones financieras del sector público y condonar sus deudas. De igual manera subsidiar a aquellas familias que teniendo obligaciones con empresas privadas o particulares no pudieron cumplirlas por la crisis humanitaria. Esto está reconocido en la Ley 1448 de 2011, artículo 128. Se requiere un plan de inversión para recuperación de las pérdidas de los pequeños y medianos agricultores.
5.- Se active la atención a las víctimas de la crisis humanitaria mencionada en el marco de la Ley 1448 de 2011 para asegurar la atención integral. Se solicita seguimiento de la Procuraduría en la aplicación de esta norma.
6.- Dar cumplimiento a las recomendaciones incluidas en los siete informes vigentes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la situación en la región.
7.- Dar seguimiento y cumplimiento a las propuestas a las acciones articuladas desde la Comisión, por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, incluidas las propuestas de prevención y protección elaboradas en la Mesa por la Vida del 12 de junio de 2019, en Ocaña, con presencia del Procurador, Defensor y presidente Duque.
8.- Ante la falta de garantías de seguridad se solicita brindar garantías y acompañamiento para adelantar las asambleas que deben definir la renovación de las Juntas de Acción Comunal hasta tanto se recobre un mínimo de normalidad en el territorio. Se priorice y concerté con la acción comunal la implementación del CONPES 3955.
9.- Se solicita reprogramar los cronogramas de construcción de los planes de desarrollo municipales y departamental para que se garantice la participación integral y activa de las comunidades campesinas, acción comunal e indígenas y las organizaciones sociales.
10.- Solicitamos a la comisión de paz del Congreso de la República y al Gobernador de Norte de Santander gestiones para la reactivación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo (MIA – Catatumbo), establecida en el Decreto 870/14 proferido por el Ministerio del Interior.
11.- Solicitamos al Gobernador de Norte de Santander la reactivación de la Mesa Social y Comunitaria de 2017.
12.- Solicitamos a la Comisión de Paz del Congreso de la República hacer el seguimiento y control político al cumplimiento de la Sentencia T – 052/17, que dirime el conflicto territorial en cuanto a la ampliación, delimitación, saneamiento de los resguardos indígenas del pueblo Bari y la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. Esto como ejemplo de mecanismo para dirimir los conflictos territoriales y no utilizar la militarización para la resolución de conflictos sociales en zona de Parques Naturales.
13.- Que el Congreso de la República se comprometa a garantizar la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que reivindican los derechos de las víctimas en los territorios más afectados por el conflicto.
14.- Que el Congreso de la República se comprometa a garantizar el trámite legislativo del tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores de coca, marihuana y amapola. Así mismo, que se haga seguimiento y control político al auto proferido por la Corte Constitucional 385/19 en materia de procedimientos de reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato.
15.- Solicitamos la mediación y acompañamiento de la Comisión de Paz del Congreso de la República para que la Consejería Presidencial para la Consolidación y la Estabilización acuerde un espacio de reunión con las organizaciones sociales de la Comisión por la vida, Reconciliación y la Paz, para efectos de dar nuestros aportes y visión del territorio con relación a la hoja de ruta del PDET Catatumbo.
16.- Solicitamos que el Congreso de la República haga seguimiento y control político a la política de Catatumbo Sostenible, Zonas Futuro y PDET Catatumbo, en concordancia con el fallo proferido por la Corte Constitucional que condicionó la Ley 1941/18 y el Decreto Reglamentario 2278/19, para que sea permitida la participación de las comunidades, la prevalencia de lo establecido en el acuerdo de paz y la no composición de un enfoque con componente militar en los territorios planteados desde la Zonas Futuro o Zonas Estratégicas de Intervención Integral.
17.- Que el Gobierno se comprometa a no dilatar más la implementación del acuerdo de paz con las Farc-EP en el territorio nacional.
18.- Que el Gobierno se sirva adelantar las negociaciones de paz con las organizaciones alzadas en armas recordando al señor Presidente de la República que la Corte Constitucional en fallo mediante Expediente 13338 le devuelve las funciones que le estaba entregando al Consejo de Seguridad Nacional. Esto en inmediato para efectos de retomar los diálogos de paz con el Eln y construir una paz completa.
19.- Solicitamos al Gobierno que como muestra de compromiso en la construcción de la paz reactive las funciones de los gestores de paz del Eln y que jueguen papel determinante en la búsqueda de la resolución del conflicto y la crisis humanitaria en El Catatumbo.
Finalmente, nos permitimos expresar la voluntad del pueblo campesino de la región del Catatumbo en persistir en el territorio, en seguir dando nuestros aportes en la construcción de la paz territorial y la paz completa como eje central de la convivencia en el territorio.
Comisión Por la Vida, la Reconciliación y la Paz
