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CÚCUTA.- El estudio de la proliferación en Cúcuta y en el Área Metropolitana de expendios de todo tipo de drogas, desde las más comunes como marihuana y bazuco o las más sofisticadas como la cocaína, la heroína, el cripi y algunos estimulantes como el éxtasis, por su impacto nocivo en la salud humana, así como también en la reproducción del crimen y la ilegalidad, debe abordarse con la mayor responsabilidad, pensando siempre en encontrar soluciones integrales y definitivas a tan complejo problema.
Como casi todas las cosas en los gobiernos, la presentación de algún plan o programa está antecedida por una estrategia mediática que genera impacto y mucho ruido, apoyados por las empresas de comunicación privada, pero que no siempre, luego del paso del tiempo, se ven los resultados ofrecidos.
En este sentido, el primero de abril, desde Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos declaró la guerra a 24 expendios de drogas más importantes del país, conocidos como ollas y localizadas en 20 ciudades, incluida Cúcuta. Crearon equipos interdisciplinarios con hombres de inteligencia, operaciones especiales y policía judicial, los cuales debían, en 60 días, acabar con tales “antros del delito y la criminalidad”. Lo anterior tendría una coordinación con las autoridades locales.
Tres semanas después, la Policía Metropolitana de Cúcuta desarrolló la operación ‘La Curva’, en el barrio Santo Domingo (Comuna 10), en donde se llevaron a cabo detenciones y algunos decomisos de dosis de distintos tipos de drogas. Más tarde, se efectuó una segunda operación de desarticulación de un centro distribución de drogas conocido como ‘La Trece’, en el barrio Motilones (Comuna 7).
Han trascurrido, desde el grandilocuente anuncio, más de cuatro meses. Pareciera como si este, por lo menos en la ciudad y en el Área Metropolitana, hubiera tenido una vida efímera. Algunos, además, pueden interpretar que estos dos sitios intervenidos por la Policía Metropolitana eran los únicos en funcionamiento. Cosa que no es cierta, pues aquí el tema de la distribución al por menor es tan antigua como las zonas de tolerancia La Ínsula y del Cementerio Central. A tal punto que, por ejemplo, el cambio de propietario de algunas de estas ollas se han adelantado pasando el testigo a las nuevas generaciones, compuestas por hijos o nietos.
A pesar del bombardeo comunicacional tanto los propietarios, como los consumidores y los captadores de renta ilegal, continúan cada uno como si nada. En los casos de las dos ollas supuestamente eliminadas en Cúcuta, es de público conocimiento que ahora cuentan con nueva dirección e incluso se dice que han mejorado las entregas a domicilio. El resto de sigue funcionando a todo vapor.
Este es un problema enorme, en donde las mayores dificultades radican en las hondas raíces que tiene en la sociedad, en la economía y en la cultura. No es un tema a erradicar solo con operativos policiales. Además, es necesario entenderlo en el contexto del conflicto armado, del circuito del narcotráfico y de la criminalidad en general, en una zona fronteriza altamente vulnerable y desprotegida.
Es importante reconocer que altos funcionarios del Gobierno han hablado de aplicar una estrategia de largo plazo, que tiene incluidos otros componentes, como la recuperación urbana de los sectores afectados por el abandono gubernamental, hacer una fuerte intervención social y garantizar una efectiva atención a la población dependiente. En la idea de eliminar la oferta existente y garantizar que no aparezcan nuevas ollas. Lo anterior suena extraordinario. Pero ¿por qué en nuestra ciudad no funciona?
Estos sectores ilegales llevan a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes del mercado, es decir, de la oferta y la demanda. La permanencia depende directamente del negocio del narcotráfico, pero, sobre todo, del tipo de relación que generen con actores armados, más aún si estos ejercen algún tipo de control territorial, sea pasajero o permanente. Esta simbiosis se prolonga de acuerdo con los aportes económicos que les hagan o a la permanencia del grupo ilegal en el sector. Estos, a cambio, deben garantizar seguridad, proteger los dineros de los propietarios y servir de contención a otros grupos que quieran apropiarse del territorio.
Funcionan 24 horas de lunes a domingo y tienen a su alrededor una fuerte infraestructura logística de motocicletas, vehículos, bicicletas, puestos de venta fijos y móviles, utilizan a hombres y mujeres de todos los estratos, se esconden detrás de cualquier tipo de negocio, o establecimiento comercial algunos montados solo para servir de fachada.
Esto les ha permitido construir un gran poder económico directo e indirecto, que facilita, entre otros, permear a sectores de la institucionalidad principalmente a sectores de la fuerza pública que continúan vendiendo su alma al diablo y que al parecer aún no han entendido que una olla abierta, por pequeña que sea, es una puerta abierta al crimen y a la violencia. Detrás de estos expendios están las mafias que controlan el negocio de las drogas, que en últimas son quienes tienen las posibilidades, la infraestructura y los recursos económicos, para darle estabilidad a la distribución al detal.
Los niveles de rentabilidad son tan buenos que en la ciudad, a mediados de los 90, se constituyeron ejércitos de sicarios y asesinos dedicados a proteger a los propietarios y sus intereses, en donde barrios completos fueron controlados por estas bandas. Desde esa época el Estado no tenía ninguna posibilidad de ejercer la autoridad allí.
Pero con la incursión paramilitar de 1999, los grupos de delincuentes locales se resistieron a doblegarse ante los nuevos actores ilegales, lo cual desencadenó una disputa que finalmente terminó imponiéndose el control de las Auc. Algunos fueron asesinados, incluyendo a los jefes, la mayoría en cambio, fueron cooptados por el poder paramilitar y sirvieron de punta de lanza para iniciar la escalada de muerte y terror en Cúcuta y el área metropolitana. Muchos de los responsables de masacres, desapariciones y asesinatos de civiles en Cúcuta, fueron bandidos que se dedicaban a prestar seguridad a los dueños, a las ollas o a cobrar deudas de consumidores.
Las actividades del menudeo las practican en cualquier sector de la ciudad. No hay estrato social que lo detenga. Aunque los lugares preferidos son aquellos que presentan alto tráfico humano, vehicular y comercial. Existen ollas en donde se vende todo tipo de drogas, a distintos precios y de variada calidad. En los últimos años, según denuncias de las comunidades, hay una proliferación de estos sitios en sectores vulnerables, que tienen una escasa infraestructura social y poca presencia gubernamental.
Estos negocios tienen en común que por su propia condición de distribuidores son altamente conocidos por la comunidad y, por supuesto, por las autoridades, que en la mayoría de los casos, en vez de combatirlas, cobran cuotas fijas por dejarlos funcionar. Algunas, incluso, funcionan cerca a los puestos de policía y los CAI. Otros, son tan antiguos que como dicen popularmente, que hacen parte del paisaje.
Al lado de la corrupción y la impunidad de este negocio subyace la problemática social que afrontan la ciudad y los municipios del área metropolitana, que sirve de caldo de cultivo para que cada día más personas se vinculen de alguna forma a estas y otras actividades ilícitas. Los altísimos niveles de informalidad, el desempleo, la proliferación de sectores subnormales y la ausencia de planes y programas de recreación, cultura y deporte son escenarios ideales para que este negocio no acabe.
Prueba de ello es cómo, según informes del Gobierno, Cúcuta es una de las ciudades en donde más ha aumentado el consumo de drogas en el último año. Con el agravante que nuestra región continúa siendo clave en todo el circuito del narcotráfico como en producción, procesamiento, comercialización y legalización de los dineros. Así como también de ruta de embarque hacia Europa y Estados Unidos.
Según el informe 2012 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo adscrito a Naciones Unidas, en Colombia aumentó la influencia de los grupos delictivos en el comercio de las drogas ilícitas. Así mismo, encontraron indicios de aumento del tráfico de cocaína a través del Caribe, siendo Norte de Santander una de las tantas rutas utilizadas.
El II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria, Colombia 2012, efectuado por la CAN y presentado hace algunos meses por el Gobierno, aplica una encuesta a 24.000 estudiantes de 12 centros universitarios del país, incluida la Francisco de Paula Santander, arroja resultados que refuerzan nuestra postura de llamar la atención frente a este gravísimo problema.
Concluye dicho estudio que 3 de cada 10 estudiantes declara haber usado marihuana alguna vez en la vida. El 15 % ha consumido recientemente. Las edades de inicio están en el rango entre 21 y 24 años. Frente al uso de la cocaína, uno de cada 10 estudiantes varones declaró haber consumido cocaína alguna vez en la vida. La edad de inicio del consumo tanto en hombres como en mujeres fue a los 18 años y menos.
Llama la atención que 6 de cada 10 estudiantes entrevistados declara que les resulta fácil conseguir marihuana. Al 25,8 % les resultaría fácil conseguir cocaína, al 15,1 % bazuco y el 20,8 % de los estudiantes dice ser fácil conseguir el éxtasis.
De lo que se trata aquí es de demostrar que la actividad del menudeo de drogas no es un asunto cualquiera. Los fuertes vínculos con el narcotráfico y los grupos violentos, la capacidad de corromper y el fuerte impacto en el aumento del consumo en los jóvenes, deben llevar a que las autoridades locales y regionales, le cojan la caña al Gobierno y diseñen programas, proyectos y estrategias de corto y largo plazo que garanticen una intervención integral una combinación eficaz y sistemática de fuerza coercitiva, trasparencia, pedagogía y solución a los problemas socio económicos de la ciudad. A grandes males grandes soluciones.
WILFREDO CAÑIZARES
fundacionprogresarcuc.blogspot.com
