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CÚCUTA.- Dieciocho organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos expresaron preocupación por la situación de violencia que viven Cúcuta y Norte de Santander, y que afecta de a comunidades, organizaciones sociales, líderes, autoridades locales y la infraestructura social del departamento.
“Exigimos al gobierno nacional redoblar los esfuerzos para destrabar los inconvenientes presentados en las mesas de diálogos con distintos actores armados ilegales”, señalaron en el documento.
Solicitaron la implementación de políticas integrales de seguridad y de convivencia, que vayan más allá de medidas tomadas en los Consejos de Seguridad, como la militarización de la ciudad y la instrumentalización de la población civil, el aumento del pie de fuerza, la instalación de equipos electrónicos, la creación de frentes de seguridad y la instalación de alarmas comunitarias.
“A las organizaciones armadas que han tomado la decisión de buscar a través del diálogo con el gobierno nacional y la participación ciudadana, les exigimos respeto a la población civil, a sus bienes, a la infraestructura social, a los procesos comunitarios, organizaciones sociales y sus liderazgos locales”.
Recordaron que el departamento y la ciudad, históricamente, han sido afectados por la violencia armada, y no soportan una nueva oleada de violencia que profundice la fractura del tejido social, generando homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas, restricciones a la movilidad, amenazas y ataques indiscriminados contra la población civil.
“Ante el recrudecimiento evidente del conflicto armado tras la parálisis de los diálogos de paz, de las acciones violentas de la criminalidad organizada en nuestra ciudad, llamamos a todas y todos a unirse a los esfuerzos por una solución política del conflicto armado, a brindar respuesta a las múltiples violencias, y a trabajar juntos por un país en el que prevalezcan el diálogo, la justicia social e incluyente, así como el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
