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CÚCUTA.- Las autoridades locales y regionales, civiles, policiales y militares, “continúan haciéndose los de la vista gorda, ante la arremetida paramilitar a un territorio que durante los últimos 30 años no ha descansado de recibir violencia y agresiones a sus derechos fundamentales”.
La denuncia la hizo el director de la Fundación Progresar – Cúcuta, Wilfeedo Cañizares, en comunicado difundido esta semana mediante correos electrónicos. En los últimos años, la ONG ha reiterado acerca de la presencia permanente y el control territorial que ejercen ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’ en el Área Metropolitana.
Esos grupos armados ilegales son herederos del fracasado proceso de desmovilización de las Auc, diseñado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
El primero de agosto, Progresar llamó la atención, por medio de una acción urgente, “acerca del riesgo en que se encontraban las comunidades de los corregimientos Palmarito, Banco de Arena, Buena Esperanza y Agua Clara entre otros.
El inminente peligro de los habitantes ocurre a raíz de la disputa territorial entre los dos bandos ilegales. El enfrentamiento dejó varios muertos, entre los que figuran dos agentes de la Policía. “Hasta el momento, ninguna entidad pública ha respondido al llamado”.
En los últimos dos meses la presencia permanente de los grupos armados se ha visto representada en la ejecución de atropellos y crímenes contra la comunidad.
La fundación destacó los siguientes delitos:
1.- Homicidios
2.- Desapariciones forzadas
3.- Reclutamiento forzado de menores
4.- Extorsiones
5.- Amenazas individuales y colectivas
6.- Prohibición para efectuar reuniones de todo tipo
7.- Hostigamiento armado en los caseríos
8.- Confinamiento a una decena de veredas.
En estos últimos días el temor se ha acrecentado con la distribución de un panfleto amenazante, dirigido a los habitantes del corregimiento Agua Clara y la entrega, casa a casa, de un periódico tabloide de 16 páginas, de septiembre, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La situación afecta de manera directa a la población civil, que debería gozar de especial protección por parte del Estado en el marco jurídico nacional y del Derecho Internacional Humanitario, señaló Cañizares en el documento.
“Todo esto ocurre ante la mirada complaciente de las autoridades civiles y una fuerte presencia de miembros de la Policía”, concluyó.
