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CÚCUTA.- El concejal Oliverio Castellanos criticó las políticas emprendidas por el alcalde Donamaris Ramírez para llevar a los colegios la campaña de prevención de consumo de drogas y alcohol, y los embarazos en adolescentes.
No está de acuerdo con el recorte presupuestal a programas que favorecen a los cucuteños, en general, y la destinación de $ 500 millones a las jornadas de concienciación en los planteles educativos.
El Concejo, al culminar el segundo ciclo de sesiones ordinarias, autorizó al alcalde para efectuar créditos adicionales y traslados en el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos el municipio, durante la vigencia fiscal 2013.
El recorte económico perjudica las inversiones que estaban destinadas a los programas de electrificación rural ($ 200 millones), infraestructura y movilidad ($ 50 millones), desarrollo ambiental ($ 100 millones) y espacio público ($ 100 millones).
“No se justifica ser utilizados en un fin que hasta la presente no ha contribuido en nada a que en los planteles escolares del municipio los alumnos tomen conciencia de los riesgos que corren al consumir licor, droga y embarazarse prematuramente”, dijo el concejal.
Castellanos hizo el siguiente análisis:
1.- En varias veredas y corregimientos cucuteños la electrificación rural es insuficiente y en otras ni siguiera ha llegado el servicio.
2.- En materia de movilidad, el caos vehicular continúa por la falta de semaforización
3.- Desorden en el trasporte público. Más de 180 rutas llegan al centro de ciudad
4.- Las zonas azules y amarillas no han funcionado por falta de reglamentación.
5.- Espacio público. Se adelantan operativos continuos, pero no existe una política pública clara por parte de la Alcaldía o de la Secretaría de Gobierno para ofrecerles garantías a los vendedores informales sobre reubicación, creación de fuentes de empleo, capacitación y construcción de centros comerciales populares.
Oliverio Castellanos aseguró que no entiende por qué los “compañeros de la corporación aprobaron la iniciativa que perjudica a la comunidad, con el único fin de congraciarse con el Alcalde”.
Al referirse a la campaña de prevención de embarazo en adolescentes y al no consumo de licor y de drogas por los niños, los jóvenes y los adolescentes, afirmó que el Alcalde no ha dado cumplimiento a la Ley 1098 (Ley de Infancia y Adolescencia en donde dispone la realización de este tipo de actividades por parte de las Comisarías de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, secretarías de Salud y Educación.
En ninguno de los artículos de la Ley dice que debe ser el Alcalde el encargado de visitar los planteles, llevar un grupo vallenato y una cantautora, destinar $ 500 millones para el programa e instar a los educadores a citar a los padres de familia para que acudan a ver las presentaciones.
En ningún momento se han citado o invitado sicólogos, trabajadores sociales y médicos, entre otros profesionales de apoyo a la campaña.
